El Senado vuelve a tratar el proyecto de reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil
La sesión extraordinaria iniciará a las 11 de este viernes y el oficialismo contaría con apoyos para convertir en ley ambos proyectos.
Un día después de aprobar la reforma a la Ley de Glaciares y sancionar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el Senado de la Nación tratará la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil.
La votación es la última actividad de las sesiones extraordinarias antes del discurso de apertura de Javier Milei en el Congreso.
La sesión iniciará a las 11 horas de este viernes y el oficialismo contaría con apoyos para convertir en ley ambos proyectos.
Como antecedentes directos, la reforma laboral fue aprobada en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra, en el mes de febrero. En cuanto al Régimen Penal Juvenil, la Cámara de Diputados la aprobó hace dos semanas con 149 apoyos y 100 rechazos.
En la jornada del jueves, el Gobierno logró la aprobación del acuerdo del Mercosur-Unión Europea con una amplia mayoría de 69 votos a favor y 3 en contra, convirtiéndose en el primer país en promulgar el tratado. Luego, consiguió la media sanción en la reforma en la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, que aún debe ser tratado en la Cámara de Diputados.
RÉGIMEN PENAL JUVENIL
Además de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el objetivo del proyecto es «fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social».
Para ello, propone capacitaciones, recreación y deportes, además de atención médica y de contención por adicciones. Se ofrece también velar «por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas» y se habilitan «instancias de mediación con el adolescente imputado».
La redacción libertaria establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, o de entre 3 y hasta 10 años pero que no impliquen un delito de gravedad, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; y la prestación del servicio a la comunidad.
