Lo que no se dice sobre los incendios en El Bolsón
El Bosque Andino Patagónico enfrenta un incendio de magnitud devastadora, con focos activos en distintos puntos de la región: el Parque Nacional Lanín, el Parque Nacional Nahuel Huapi y Epuyén (Chubut).
Esta vasta ecorregión, que abarca tres millones de hectáreas en el oeste de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, ha perdido hasta el momento unas 20.000 hectáreas a causa del fuego, según estimaciones satelitales. El incendio más destructivo, en Los Manzanos, ya ha arrasado 10.000 hectáreas desde su inicio a fines de diciembre. El domingo pasado fue la jornada más crítica: las llamas, avivadas por ráfagas intensas de viento, avanzaron sin control.
La devastación no es solo ambiental. La destrucción del Bosque Andino Patagónico implica una pérdida irremplazable de biodiversidad, pero también del conocimiento histórico que estos ecosistemas encierran. Su existencia remonta a una época en la que la Tierra era un solo continente. Sin embargo, este patrimonio científico y cultural está siendo arrasado por una estructura política y social que no solo fracasa en su administración, sino que, en muchos casos, fomenta su destrucción.
Los incendios han reducido a cenizas las viviendas de unas 200 familias. En el punto más álgido de la crisis, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, intentó desviar la responsabilidad con acusaciones infundadas. Primero señaló a comunidades mapuches y luego responsabilizó a “gente del conurbano bonaerense” que, según él, habría iniciado los fuegos para ocupar tierras.
Mientras tanto, circulan en redes sociales videos que muestran tendidos eléctricos rozando con pinos sin podar, un riesgo que debería ser mitigado por las empresas prestadoras del servicio. Se estima que el 95% de los incendios tienen origen humano, impulsados por la lógica capitalista de urbanización y uso del suelo con fines inmobiliarios, agropecuarios y turísticos.
En términos más amplios, la creciente frecuencia e intensidad de estos incendios es consecuencia del cambio climático. La tropicalización del clima avanza hacia el sur del planeta, prolongando las estaciones secas y reduciendo la humedad en los ecosistemas. Como ocurrió en California, la Patagonia vivió un período de sequía más largo e intenso de lo habitual, creando las condiciones ideales para la propagación del fuego. Los fuertes vientos de la región, lejos de ser una novedad, agravan la situación. Sin embargo, el verdadero problema es la crisis climática, impulsada por la emisión descontrolada de gases de efecto invernadero, una realidad que autoridades y empresarios prefieren ignorar.
A pesar de la magnitud del desastre, los gobernadores de Río Negro y Chubut optaron por agradecer a la ministra Patricia Bullrich y al gobierno nacional por su asistencia, destacando cifras sobre brigadistas, aviones hidrantes y personal militar desplegado. Sin embargo, las imágenes de la zona afectada muestran otra realidad: los recursos son insuficientes, y el personal especializado está completamente desbordado.
Los brigadistas se enfrentan al fuego con medios precarios: deben escalar cerros empinados cargando mangueras y despejando vegetación sobre la marcha, una clara señal de falta de previsión y planificación. No se trata de una falla de quienes combaten los incendios con valentía y esfuerzo, sino de un sistema político que encara la crisis con despidos masivos en el Servicio Meteorológico Nacional y el Plan Nacional de Manejo del Fuego, dos organismos clave en la prevención y control de estos desastres.
La narrativa oficial de los gobiernos de Torres y Weretilneck omite mencionar el vaciamiento presupuestario de los programas de protección ambiental. No hablan de cómo los recortes benefician al sector financiero y a la Bolsa, mientras grandes empresarios acaparan tierras, cercan lagos y montañas con alambre y seguridad privada, y convierten el patrimonio natural en un negocio exclusivo.
