Tito López, otra vez al banquillo: ¿Cuál es la otra causa que lo tiene como acusado?
Se trata de la causa que lo investiga por formar parte de una red de desvío de fondos y apoderamiento ilegal de tierras del Estado a través de fundaciones falsas.
El exdirigente piquetero Ramón «Tito» López deberá volver al banquillo de acusados en otra causa, tras la condena a él y a su familia a 10 años de prisión por lavado de activos agravado ocurrida ayer.
Se trata de la causa que lo investiga por formar parte de una red de desvío de fondos y apoderamiento ilegal de tierras del Estado a través de fundaciones falsas, que es tramitada por el Juzgado Federal de Resistencia N° 2 que preside Ricardo Mianovich.
La investigación busca echar luz sobre el funcionamiento de tres fundaciones: «Dueños de la Raza», «Construyendo País» y «Buen vivir y trabajo», señaladas por facturar sumas millonarias al Estado provincial a través del ya eliminado IAFEP (Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular), aún sin contar con actividad comprobable, empleados ni bienes.
Toda la familia está procesada como coautora del delito de fraude a la administración pública y asociación ilícita. El procesamiento alcanza a «Tito» López, su esposa Librada Romero, su nuera Devora Liliana Acosta y sus hijos David Alberto, Walter Ramón y Daniel Orlando.
En su ampliación de acusación, el fiscal federal Patricio Sabadini había señalado que «el Estado provincial, a través del Instituto de Colonización, otorgó a López, su esposa, hijos y nuera desde el año 2011 hasta la fecha, un total aproximado de 3.000 de campo que constituían patrimonio del Estado Provincial, mediante tramitaciones administrativas que se expedían con prioridad en tiempo récord, y de manera harto irregular».
En ese contexto, el fiscal aclaró que las tierras se concedieron con «la finalidad social y de productividad pesando sobre las mismas una prohibición absoluta de disposición durante el periodo de diez años, se constató la contravención de dicho propósito inicial ante la ausencia de empleados en blanco sin generación de empleo registrado, el estado de abandono de casi la totalidad del campo».
¿Cómo operaban?
Las tres fundaciones eran lideradas por los hijos de López, también condenados a 9 años de prisión por lavado de activos.
Para la Justicia, estos organismos no realizaban actividades reales ni contraprestaciones, y tenían como objetivo el desvío de fondos públicos hacia la familia López. Paralelamente, se investiga una posible apropiación de unas 3.000 hectáreas de tierras fiscales, presuntamente transferidas con irregularidades mediante mecanismos de leasing y fideicomisos que involucran a los empresarios Walter y Diego Brua. Ambos están procesados como coautores por fraude en perjuicio de la administración pública.
En ese contexto, el expediente señala el caso de la fundación «Dueños de la Raza», que solo en 2023 facturó más de $71.000.000 al IAFEP, teniendo como sede el domicilio de la vivienda familiar.
Además, la causa cuenta con exfuncionarios de la gestión de Jorge Capitanich , pertenecientes al Instituto de Colonización y otras áreas, acusados como partícipes necesarios, y por fraude e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. En esa lista se encuentran María Luisa Artieda, escribana, procesada como aprtícipe necesaria; junto a Marta Soneira (exministra de Ambiente), Raúl John Paris, Cinthia Noemí Kaplan y Walter Hugo Ferreyra, por fraude e incumplimiento.
