La Iglesia católica rechaza bajar la edad de imputabilidad y pide políticas sociales de fondo

La Pastoral Social advirtió que la inseguridad juvenil exige políticas de inclusión, educación y prevención del consumo de drogas, y cuestionó que el sistema carcelario pueda ofrecer respuestas eficaces para adolescentes.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social volvió a manifestar su rechazo a la iniciativa oficial para reducir la edad de imputabilidad penal y advirtió que la medida «no es la propuesta más razonable» para enfrentar la delincuencia juvenil. En cambio, pidió «transformaciones profundas» que aborden las causas sociales del problema y generen oportunidades reales para adolescentes y jóvenes. 

El posicionamiento retoma una declaración aprobada el año pasado y difundida nuevamente ante la incorporación del debate al temario legislativo. El organismo, presidido por el obispo de La Rioja, Dante Gustavo Braida, planteó que resulta «una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas».

Actualmente, la edad penal en la Argentina es de 16 años y la propuesta oficial apunta a reducirla a 13. La comisión episcopal sostuvo que la discusión no puede limitarse al castigo, sino que debe contemplar políticas integrales de inclusión social, educación y prevención.

En su análisis, los obispos describieron un escenario marcado por años de deterioro socioeconómico y la falta de una cultura del trabajo que integre a las familias. Ese contexto, señalaron, derivó en múltiples problemáticas, entre ellas la inseguridad y la participación de menores en hechos delictivos.

El documento también expresa solidaridad con las víctimas de la violencia, pero advierte que centrar el debate exclusivamente en los adolescentes distorsiona la dimensión real del fenómeno.

Según estadísticas oficiales del sistema de información criminal, los menores representan un porcentaje reducido del total de imputados: en robos de motocicletas, los menores de 15 años alcanzan el 5,1% y los de 16 y 17 años el 11,3%; en hurtos de automotores, los porcentajes bajan al 3,93% y 8,1%, respectivamente. 

Para la Pastoral Social, la problemática «está atravesada por una enorme cantidad de factores» y requiere la intervención de especialistas en salud mental, educación y desarrollo social. Desde esa mirada, concluyen que la baja de edad penal no ataca el núcleo del problema.

Otro de los ejes del pronunciamiento es el avance del consumo de drogas y del narcotráfico en barrios vulnerables. «Las drogas los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia. La droga sigue penetrando fácilmente en nuestros barrios y pueblos. ¡Es necesario combatir el narcotráfico!», sostienen.

La comisión también cuestiona la capacidad del sistema para alojar a menores en conflicto con la ley. «Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución?», plantean, y piden un régimen penal juvenil con una «mirada humana, integral, abierta a la esperanza».

Como alternativa, proponen priorizar la reinserción social y la educación por sobre el encierro. «El país necesita más escuelas que cárceles y más docentes que guardiacárceles», afirman, al tiempo que reclaman políticas públicas sostenidas que ofrezcan a los jóvenes «un verdadero proyecto de vida».