La información oculta en el acuerdo con el FMI y el riesgo del “préstamo electoral”
Carta de intención, hoja de ruta de medidas y reformas y por qué no hubo reuniones previas con otros sectores de la sociedad civil y la política. Dónde hizo la vista gorda el FMI, que enfrentó auditorías con “fallas” en los programas.
(Por Patricia Valli*) – La confirmación de un acuerdo entre el Gobierno y el staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) que pasaría este viernes por el directorio del organismo dejó una serie de dudas sobre los pasos a seguir que no se cumplieron en la negociación y la información que falta.
Más allá de la definición del primer desembolso por parte del board, que es el plato fuerte de la definición, el debate giró en torno a que todavía no se conoce la carta de intención que es el escrito que el Gobierno envía al FMI explicando los motivos, usos principales del financiamiento que solicita y qué prevé hacer con él. Esos puntos se plasman en memorándums técnico y de políticas.
El Fondo hizo la vista gorda en varios puntos que, en rigor, no son obligatorios para negociar un programa, aunque sí hacen a un concepto que en el organismo con sede en Washington DC remarcan constantemente: la idea de “ownership”. El término hace referencia a la propiedad o pertenencia del programa, cuánto lo hace suyo un país. En criollo, cómo se hace cargo del acuerdo.
Una de las formas tradicionales en las que el Fondo busca asegurar ese “ownership” son las reuniones con referentes de otros partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, movimientos sociales y otros. En las dos negociaciones anteriores, tanto por el programa de Stand By con Mauricio Macri y el Extended Fund Facility que renegoció Martín Guzmán en la gestión de Alberto Fernández, los emisarios del FMI se reunieron con estos actores para analizar qué grado de apoyo tenía el programa.
Ese paso se salteó. La idea de “ownership”, sin embargo, se destacó con el paso por el Congreso de un DNU para que se apruebe la negociación del programa. El Fondo, en ese marco, indicó que no era un requisito del organismo sino una decisión del Gobierno. La gestión de Javier Milei lo hizo por decreto y no por ley, sólo enviando el pedido para negociar, sin mayor detalle. Y el FMI dijo -lo marcó la vocera Julie Kozack en una de sus habituales conferencias de prensa- que como no era condición, reforzaba la idea de un apoyo del espectro político al acuerdo.
La ley le exigía al Ejecutivo, sin embargo, que presentara un proyecto y no un DNU. El FMI eligió no opinar porque se trata de “cuestiones domésticas” pero hacen que para referentes de la oposición el acuerdo sea endeble desde lo legal.
El otro punto que generó controversia fue que no se conozca aun la carta de intención. Una administración puede optar por darla a conocer en el momento que la envía al organismo. Milei eligió mantenerla en secreto. El texto deberá conocerse cuando se difunda el “Staff Report”, el informe que elaboran los técnicos para que evalúe el directorio.
Una vez que ese reporte se aprueba, se da a conocer, con los detalles del nuevo programa EFF con las medidas a las que se compromete el Ejecutivo así como la hoja de ruta de reformas, entre otros puntos.
El Fondo Monetario viene de enfrentar dos revisiones ex post sobre los acuerdos de 2018 y 2022, donde en ambos casos la autopsia de la Oficina de Evaluación Independiente marcó fallas en la instrumentación y la comunicación al directorio.
“Un nuevo préstamo del FMI con motivaciones políticas tendría profundas implicaciones globales. El FMI podría verse aún más involucrado en la política interna argentina para asegurar su reembolso, y sectores del sistema político argentino ya le advierten que cualquier nuevo desembolso se considerará ilegítimo”, planteó el ex ministro Guzmán en Project Syndicate. “Añadiría riesgo de impago a la cartera del FMI, reduciendo su capacidad para responder a crisis, su objetivo principal”.
La Argentina se consolida así, además, como el mayor deudor histórico del FMI.
Entre los puntos que se marcan como determinantes de un nuevo acuerdo político, se detalla por un lado no hay vencimientos por delante -el repago comenzaba en 2026-.
Por otra parte, quedaron pendientes las últimas revisiones y desembolsos del cierre del EFF anterior -el de 2022- donde se debería haber incurrido en un “waiver” para la acumulación de reservas -el número lo puede haber terminado de salvar el blanqueo-, mientras que hoy la presión importadora amenaza al BCRA mientras que las exportaciones están en pausa por la guerra comercial y la caída de precios de commodities.
Otro punto es que difícilmente el FMI otorgue con la misma facilidad un préstamo similar a otro país. Argentina es, una vez más, el tubo de ensayo del Fondo, esta vez con el experimento libertario de Milei y un ajuste que “sobrecumplió expectativas”, donde el organismo marca que se protege a los más vulnerables aunque la principal fuente de recorte hayan sido las jubilaciones y programas sociales.
*Publicado en El Cronista
