El martes inicia juicio a tres agentes por golpear a un joven down

Emanuel Agudo de 22 años había comenzado el gimnasio bajo el control de sus padres. Los policías lo atacaron y lesionaron.

El próximo martes 3 de diciembre, Rubén Maximiliano Ponce, Julio Ricardo Rivero y Nélida Lorena Rojas, efectivos de la Policía del Chaco serán juzgados por la golpiza que propinaron a Emanuel Agudo (22), un joven con síndrome de Down. Los agentes habían confundido al joven con un delincuente y lo detuvieron al usar fuerza.

El incidente ocurrió el 10 de abril de este año, cuando Emanuel regresaba a su hogar en el barrio Penitenciario. Hacía poco tiempo que iba al gimnasio, luego de la confianza adquirida de manejarse solo con el acompañamiento de sus padres. Ellos sabían el tiempo que tardaba de la casa al gimnasio, pero ese día fue reducido, golpeado y lastimado. Gracias a vecinos que lo reconocieron y avisaron a los papás de Emanuel, la situación no fue más grave. La víctima sufrió una lesión en un brazo.

Según testigos, un patrullero se acercó a él y uno de los policías descendió rápidamente con una escopeta. Al intentar identificarlo, Emanuel, asustado, intentó huir, lo que desencadenó una refriega en la que fue reducido y llevado al móvil policial.

Los tres policías están imputados por el fiscal Marcelo Soto por “privación ilegítima de la libertad, cometida por funcionarios públicos y lesiones leves agravadas por abuso de la función”.

El juicio se llevará a cabo en una sala unipersonal a cargo del juez Rodolfo Lineras de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, en tres audiencias que culminarán con la lectura de los alegatos y el fallo correspondiente.

Emanuel con sus padres, Mario Agudo y Juana González, a los pocos días del ataque de los policías.

El fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, también se hizo eco del caso y solicitó una investigación penal. En su denuncia, destacó la gravedad de lo sucedido y solicitó pruebas fílmicas de cámaras de vigilancia del área. Sabadini enfatizó que las fuerzas policiales deben garantizar la seguridad sin violar los derechos de los ciudadanos. “Emanuel fue privado absolutamente de sus derechos y garantías, por parte de las fuerzas que justamente están para protegerlo”.

Este caso pone de relieve la urgente necesidad de capacitación en derechos humanos para las fuerzas policiales y resalta la importancia de proteger a los ciudadanos más vulnerables. La comunidad espera que se haga justicia en este lamentable episodio.

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