Investigan la “caja negra política” que manejaba Juan Grabois por USD 244 millones
Se trata del Fondo para la Integración Socio Urbana, dirigido por Fernanda Miño y asociado a Grabois, el cual logró solo un 6% de finalización de obras reportadas y la mayoría son cordones cunetas y veredas.
El gobierno está llevando a cabo una investigació, acompañada por un ajuste, que se centra en los fondos fiduciarios, identificando uno en particular, el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), como una especie de caja negra política vinculada a Juan Grabois.
Este fondo, creado por ley, tiene como objetivo financiar proyectos a partir de la inscripción de villas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Recibe fondos del impuesto PAIS, del aporte solidario extraordinario durante la pandemia y asignaciones de organizaciones internacionales para obras en asentamientos de emergencia.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, la gestión del FISU estuvo a cargo de Fernanda Ramona Miño, asociada a Grabois, quien se especulaba que sería ministra de Desarrollo Social en caso de ganar el Frente de Todos.
Según datos oficiales, se estima que el FISU accedió a unos $ 300.000 mil millones de pesos anuales, provenientes a la recaudación del 9% del Impuesto PAIS, canalizados a través del banco BICE.
Las investigaciones llevadas a cabo desde las áreas del Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete destacaron tres puntos principales: en primer lugar, que la mayoría de las obras realizadas se limitaron a la construcción de veredas o cordones cuneta; en segundo lugar, que existe un considerable número de proyectos inconclusos; y por último, que los contratos fueron mayormente otorgados a cooperativas vinculadas a Grabois.
De las 6.517 obras reportadas, apenas 400 se completaron, lo que representa un escaso 6%. Mientras tanto, 5.886 proyectos se encuentran en proceso y 231 están en la etapa de contratación. De las obras finalizadas, 133 están relacionadas con la construcción de veredas y cordones cuneta, lo que equivale a más de un tercio del total. Las demás se distribuyen entre diversas categorías como “conexiones eléctricas”, “conexiones de agua”, “mejoramientos de vivienda” y “fortalecimiento comunitario en barrios populares en el contexto del COVID-19”, entre otras.
Al analizar los datos específicamente de las obras completadas, se observa que el 71% de los proyectos fueron llevados a cabo por organizaciones sociales (no el 34.3% como se había reportado inicialmente) y el presupuesto utilizado para estas obras finalizadas fue de $ 83,928,371,827, lo que representa apenas un 17% del total asignado. El Gobierno aún no tiene conocimiento sobre el destino de los fondos ya transferidos y está buscando identificar a los responsables de completar las obras.
La semana pasada se nombró a un nuevo secretario de Integración Socio Urbana, quien estará a cargo del fideicomiso. Sebastián Pareja, uno de los estrategas políticos de Milei en la provincia de Buenos Aires, asumió este cargo, lo que causó sorpresa incluso entre los miembros de La Libertad Avanza. Esto se debe a que Pareja y Carlos Kikuchi habían sido apartados de la organización ejecutiva y relegados a sus escaños en la Legislatura bonaerense debido a sospechas de haber acordado con Sergio Massa y Emilio Monzó las listas municipales en el conurbano.
Fuentes de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía se enteraron a través de los medios de comunicación sobre la designación de Pareja en el FISU, un fondo que, por otro lado, había sido reclamado por gobernadores e intendentes.
En declaraciones radiales, Pareja mencionó que el fondo en cuestión recauda alrededor de “unos 2 millones de dólares diarios” gracias al 9% que le corresponde del impuesto PAIS, el cual fue significativamente aumentado por el gobierno libertario. Asimismo, el funcionario indicó que en la actualidad el fondo cuenta con alrededor de 450 empleados, aunque en la gestión anterior llegó a tener 600.
