El Senado convirtió en ley la reforma de propiedad privada: ¿qué cambia en desalojos, expropiaciones y tierras?

La norma restablece los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales, modifica los procesos de desalojo y fija nuevas condiciones para las expropiaciones. Durante el debate en Diputados se retiraron los cambios previstos para los barrios populares y la Ley de Manejo del Fuego.

El Senado sancionó definitivamente ayer la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto obtuvo 42 votos afirmativos y 26 negativos, luego de que la Cámara alta aceptara las modificaciones realizadas por Diputados en octubre.

Uno de los cambios centrales del texto es la restitución de la Ley de Tierras Rurales, que había sido derogada por el DNU 70/2023. La norma vuelve a fijar un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en el país, en cada provincia y en cada departamento. También establece que las personas o empresas de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% de ese cupo y limita la titularidad individual a 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones.


La iniciativa también introduce cambios en el régimen de expropiaciones. Para declarar un bien de utilidad pública, el Estado deberá precisar el objetivo que persigue y justificar que la medida sea idónea, necesaria y proporcional. La indemnización tomará como referencia el valor del bien y podrá incluir el lucro cesante cuando sea una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. Además, el Estado deberá pagarla antes de transferir el dominio del inmueble.
Qué cambia en los desalojos

La ley establece que los procesos de desalojo tramiten por la vía sumarísima, un procedimiento más breve que el ordinario. También habilita la restitución anticipada del inmueble en determinados casos y reemplaza la garantía económica que debía presentar el propietario por una declaración jurada.


En los casos de falta de pago del alquiler, el locador deberá intimar previamente al inquilino y darle un plazo mínimo de diez días para regularizar la deuda antes de iniciar la demanda.

El texto aprobado dejó afuera otros cambios que figuraban en la propuesta original. Se mantienen las disposiciones de la Ley de Integración Socio Urbana, incluida la suspensión de desalojos en barrios populares hasta octubre de 2032, y tampoco se modificó la Ley de Manejo del Fuego.

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