El Gobierno vuelve por los dólares «del colchón»: ¿Qué cambiaría con la nueva ley de Inocencia Fiscal?
El Ejecutivo enviará al Congreso una versión modificada de la Ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa elimina algunas restricciones cuestionadas por tributaristas y busca incentivar que los ahorros no declarados ingresen al circuito formal.
El Gobierno nacional presentará este miércoles una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa con la que busca facilitar la regularización de ahorros no declarados y promover el ingreso al sistema financiero de los dólares que hoy permanecen fuera de los bancos . El anuncio estará a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien explicará los principales cambios junto a especialistas en materia tributaria.
La decisión llega después de que el propio Gobierno reconociera que la versión original de la norma no tuvo la adhesión esperada. Contadores y tributaristas habían advertido que varios requisitos generaban incertidumbre jurídica y desalentaban a potenciales interesados en sumarse al régimen.
El objetivo central del proyecto es incentivar que parte de los ahorros que los argentinos conservan fuera del sistema financiero ingresen a la economía formal. Según estimaciones oficiales, existen alrededor de USD 170.000 millones guardados en efectivo o fuera del circuito bancario.
Para el Ejecutivo, esos recursos podrían transformarse en créditos para empresas, inversiones productivas y obras de infraestructura si fueran canalizados a través de bancos y entidades financieras.
En distintas oportunidades, Caputo sostuvo que esos fondos representan un ahorro que pierde valor con el paso del tiempo y que, incorporado al sistema, podría contribuir a la recuperación de la actividad económica.
Los cambios que incorporará el proyecto
Uno de los principales cuestionamientos al esquema original era la obligación de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias para acceder a los beneficios del blanqueo. La nueva propuesta mantiene el espíritu de la iniciativa, pero modifica varios puntos que habían generado críticas.
Entre las principales novedades figura la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que dejaban afuera a numerosos contribuyentes. En la versión anterior solo podían acceder quienes no superaran determinados montos patrimoniales y de ingresos, una condición que alcanzaba incluso a personas que habían incrementado su patrimonio por herencias o ventas de inmuebles.
También se buscará precisar conceptos que habían generado interpretaciones diferentes entre especialistas, como el alcance de las denominadas «discrepancias significativas» y los criterios para determinar cuándo corresponde aplicar sanciones por evasión.
El debate sobre los funcionarios
Otro de los aspectos que generó polémica fue la adhesión de funcionarios nacionales al Régimen Simplificado de Ganancias. Aunque inscribirse en ese régimen no implica automáticamente exteriorizar fondos no declarados, el tema abrió un fuerte debate político.
Especialistas en derecho tributario consideran que las personas políticamente expuestas deberían quedar excluidas de algunos de los beneficios previstos en la ley para evitar conflictos de transparencia y fortalecer la confianza en el sistema.
Qué puede pasar ahora
El Gobierno espera enviar el proyecto de inmediato a la Cámara de Diputados con la intención de que sea aprobado antes del 27 de agosto. Esa fecha coincide con el nuevo plazo establecido para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, mientras que el vencimiento para el pago del tributo se mantiene el 27 de julio.
La apuesta oficial es que, con reglas más claras y menos restricciones, aumente la cantidad de contribuyentes dispuestos a regularizar sus ahorros y que una parte de esos dólares que hoy permanecen fuera del sistema financiero pase a impulsar el crédito y la inversión en la economía argentina.
