La medida fue oficializada mediante el Decreto 84/2026 tras una orden judicial que exigía su aplicación inmediata.
El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad mediante el Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, luego de que un fallo judicial ordenara su aplicación inmediata. La norma establece el nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad y reorganiza la estructura institucional del área, que pasa a depender del Ministerio de Salud.
La decisión se tomó tras una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la ley y fijó como plazo máximo el 4 de febrero para su reglamentación plena. El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei junto a funcionarios del Ejecutivo nacional y entró en vigencia con su publicación.
Un conflicto político que llegó a la Justicia
La disputa entre el Ejecutivo y el Congreso comenzó cuando el Gobierno intentó frenar la implementación de la ley —sancionada en septiembre de 2025— mediante un veto basado en la falta de recursos presupuestarios. Sin embargo, la Cámara de Diputados insistió con la promulgación y la norma quedó vigente, aunque su aplicación se mantuvo suspendida mientras se discutía el financiamiento.
El conflicto escaló judicialmente tras un amparo colectivo presentado en representación de dos menores. El juez federal hizo lugar al planteo, dejó sin efecto la suspensión y ordenó la aplicación inmediata de la Ley N.º 27.793. Aunque el Ministerio de Salud apeló la decisión alegando dificultades fiscales, la Justicia otorgó un plazo de 30 días para reglamentarla, lo que derivó en la publicación del decreto en el límite del vencimiento.
Nuevo esquema de pensiones y controles
La reglamentación define requisitos de acceso, criterios de evaluación socioeconómica e incompatibilidades para el nuevo sistema , denominado ahora Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Además, establece procedimientos formales de control y auditoría que estarán bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
El decreto también ordena convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación y exige la presentación de un plan de auditorías periódicas dentro de los próximos 30 días. Asimismo, prevé mecanismos de articulación con organismos estatales y entidades de la sociedad civil, como el Observatorio de la Discapacidad y un Comité Asesor.
Entre los puntos más sensibles se encuentra la conversión automática de las pensiones vigentes al nuevo régimen, proceso que implicará la revisión de miles de prestaciones. La normativa reconoce además las restricciones fiscales y establece que las acciones acordadas con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los recursos disponibles.
En el plano institucional, el texto centraliza la política de discapacidad dentro del Ministerio de Salud y refuerza el rol del Consejo Federal de Discapacidad, órgano creado en 1996 e integrado por representantes nacionales, provinciales y organizaciones civiles.
El decreto aclara que su dictado no implica la aceptación de los fundamentos del fallo judicial que obligó a reglamentar la ley, al señalar que se realiza «sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos».
Cambios en la conducción del área
En paralelo con la reglamentación, el Gobierno oficializó nuevas designaciones dentro de la estructura de discapacidad. El médico sanitarista Alejandro Alberto Vilches fue nombrado secretario Nacional de Discapacidad, cargo desde el cual coordinará las políticas públicas del sector. Vilches ya se desempeñaba como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Además, el licenciado Gianfranco Scigliano asumió como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, área encargada de la implementación normativa y la validación de certificados de discapacidad. Por su parte, el abogado Esteban Rafael Giler fue designado subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos, con la responsabilidad de impulsar herramientas de inclusión social, laboral y educativa para personas con discapacidad.
Con la reglamentación vigente y la nueva estructura en marcha, el Gobierno inicia la implementación formal de la Emergencia Nacional en Discapacidad, en un escenario atravesado por tensiones políticas, judiciales y presupuestarias que aún continúan en debate.
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