El Consejo de la Magistratura archivó el caso Lago Escondido 

Cerró definitivamente la investigación disciplinaria contra los jueces que participaron del controvertido viaje a Lago Escondido en 2022. 

Con seis votos a favor y cuatro en contra, se decidió no avanzar con el análisis ético de los magistrados involucrados, bajo el argumento de que la causa penal ya fue archivada por la Justicia.

   La votación selló el fin del proceso abierto a partir de más de cien denuncias contra los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques, quienes fueron trasladados y alojados en la residencia patagónica del empresario británico Joe Lewis. En ese viaje también participaron funcionarios del Gobierno porteño, como el entonces ministro de Seguridad, Marcelo D”Alessandro, y el procurador Juan Bautista Mahiques.

   El caso había generado gran repercusión pública por la sospecha de dádivas y posibles favores políticos. La causa penal fue archivada por el juez federal Sebastián Ramos, quien consideró que las pruebas provenían de un presunto hackeo al teléfono de D”Alessandro, y por lo tanto eran inválidas. Esa resolución fue utilizada ahora por los consejeros jueces para cerrar el expediente en el Consejo.

   El consejero Hugo Galderisi —quien promovió el cierre— afirmó que su decisión se basó en “la búsqueda de justicia y no en titulares periodísticos”, y que no se puede “juzgar con base en información obtenida ilegalmente”.

   Votaron a favor de cerrar el caso los jueces Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alejandra Provítola y Alberto Lugones, además de Galderisi (representante académico) y el senador radical Eduardo Vischi. En contra se manifestaron César Grau (presidente de la Comisión de Disciplina), Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Luis Juez.

  Varios de los consejeros que votaron en contra expresaron su indignación por lo que consideraron un intento de encubrir una conducta ética gravísima. La diputada y consejera Vanesa Siley cuestionó que el Consejo “evite hablar de los hechos” y detalló que los jueces “aceptaron un viaje pago por tres días, y luego intentaron encubrirlo fabricando facturas falsas para simular que lo pagaron ellos mismos”.

   Siley advirtió que no se trata de juzgar un delito penal, sino de determinar si la conducta fue ética. “Un juez puede no haber sido condenado, pero sí ser removido si su conducta afecta la confianza pública. ¿Es ético que un grupo empresario pague un viaje y luego uno de esos jueces falle a su favor en una causa?”, dijo, en referencia a Cayssials y su fallo favorable a Telecom.

   Por su parte, el diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) calificó la decisión como “una muestra clara de impunidad”. Recordó que en otros casos el Consejo avanzó con sanciones incluso cuando las causas penales habían sido cerradas. “Así se removió, por ejemplo, al camarista Eduardo Freiler. ¿Por qué ahora no?”, planteó.

   El juez Barroetaveña, al justificar su voto a favor del cierre, aseguró que “las denuncias eran infundadas desde el comienzo” y defendió el dictamen archivando el expediente. Alberto Lugones, otro de los jueces votantes, argumentó que “no se puede convertir en legal lo que es ilegal”.

   Sin embargo, el dictamen desestimado señalaba que los hechos “ponían en seria crisis la imparcialidad e independencia de los magistrados, así como su honestidad e idoneidad ética”.

   El caso había ocurrido entre el 13 y 15 de octubre de 2022. Los denunciantes sostienen que el viaje fue financiado por sectores privados y políticos vinculados al PRO, con gastos de transporte, alojamiento y consumo cubiertos por los anfitriones. La Fiscalía de Bariloche detectó que las facturas por la estadía fueron emitidas recién el 28 de octubre, y a nombre de los jueces y funcionarios, en aparente intento por justificar el gasto con posterioridad.

   Esos datos coinciden con los audios filtrados del teléfono de D”Alessandro, donde supuestamente se escucha a los participantes coordinar cómo falsear documentación. El dictamen señalaba que ese encubrimiento podría configurar “violación de deberes de funcionario público, cohecho agravado o negociaciones incompatibles con la función”.

  A pesar de estas acusaciones, el Consejo decidió dar por finalizado el caso, cerrando así uno de los episodios más escandalosos en la reciente historia judicial. Para quienes votaron en contra, la decisión “explicita la voluntad de proteger a los jueces involucrados” y pone en jaque la credibilidad del sistema judicial.