El Ministerio de Defensa bajo fuego por un “ejercicio antidisturbios”
El viernes 4 de abril, un oscuro episodio sacudió al Polo Educativo de la Armada en Vicente López: Brisa Páez, joven cadeta de 21 años, terminó en coma farmacológico tras participar en una práctica de “maniobras antidisturbios” expresamente prohibida por ley.
Durante el ejercicio, la cadete cayó de espaldas, sufrió una fuerte contusión craneal y, pese a las señales de alarma, no recibió asistencia médica inmediata. Por el contrario, fue forzada a continuar. Horas más tarde, ya en enfermería, le administraron un calmante y le colocaron un cuello ortopédico.
Pero los dolores persistieron y su estado se agravó: comenzó a convulsionar y debió ser inducida al coma. La situación escaló a tal punto que intervino la Justicia. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó la detención de ocho militares, entre ellos el instructor señalado como responsable del impacto y el oficial a cargo del entrenamiento.
El caso de Brisa, que ahora se estaría recuperando después de haber estado internada más de una semana en terapia intensiva, produjo un debate interno en el ámbito militar, al destapar una vez más prácticas abusivas dentro de las Fuerzas Armadas (FFAA) y reavivó las críticas por el intento del Gobierno de ampliar el rol militar hacia tareas de seguridad interior, una zona prohibida por la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia.
El avance sobre la seguridad interior
El episodio en la Armada ocurre en paralelo a un cambio de paradigma impulsado por el ministro de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ambos funcionarios vienen promoviendo la participación directa de las FFAA en operativos internos bajo la justificación del combate al narcotráfico.
En Salta, por ejemplo, el denominado “Plan Roca” ya prevé el despliegue de 1.300 soldados entre Salvador Mazza y Misión La Paz. La movida, sin embargo, no ha estado exenta de consecuencias. En el marco del “Plan Güemes”, cinco gendarmes fueron imputados por el homicidio de Fernando Gómez, un bagayero asesinado en un procedimiento fronterizo.
Estas intervenciones han reavivado el debate sobre el uso indebido de fuerzas militares en roles que exceden su mandato constitucional y podrían derivar en violaciones a los derechos humanos.
El pasado que regresa: el caso del Regimiento 28
Uno de los actores claves del “Operativo Roca” es el Regimiento de Infantería de Monte 28, con base en Tartagal. Su oscuro historial remonta a épocas de la conscripción, cuando era conocido como “Los rodillas negras” por sus castigos humillantes a los conscriptos, obligados a transitar cientos de metros de rodiilas. Pero su prontuario va más allá: la Justicia confirmó que sus instalaciones funcionaron como centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura.
Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la situación actual resulta alarmante. La organización denunció que el gobierno de Javier Milei no ha transparentado las “reglas de empeñamiento”, es decir, los protocolos de actuación bajo los cuales los soldados pueden intervenir. Según el Ministerio de Defensa, estas reglas aún están en etapa de entrenamiento, pero no se han dado a conocer.
Retroceso institucional y alarma
El caso de Brisa Páez no es un hecho aislado: es un síntoma. Las maniobras de Vicente López y los operativos en el norte del país revelan un giro preocupante en la doctrina de seguridad nacional, que pone en tensión los límites legales y los compromisos democráticos del país.
Al involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas internas, el Ejecutivo reaviva fantasmas del pasado y erosiona principios básicos del Estado de derecho. El silencio inicial ante la situación de Páez y la posterior reacción judicial evidencian una preocupante falta de control y transparencia dentro de las filas militares.
En un contexto marcado por la polarización y la conflictividad social, la militarización de la seguridad pública no solo pone en riesgo a la ciudadanía: también expone a los propios soldados a situaciones para las que no están formados, ni legal ni éticamente habilitados. El debate sobre el rol de las FFAA en la Argentina vuelve a ocupar el centro de la escena. Esta vez, con una cadeta en coma, y un país que observa con preocupación.
