Los hacían dormir en un sótano y trabajar hasta 16 horas diarias
Eran víctimas de una red de trabajo esclavo que en ese barrio tuvo a más de 150 trabajadores cautivos durante dos años.
Uno de los barrios privados más exclusivos de la Argentina, conocido por sus estrictas medidas de seguridad —guardias armados, cámaras de vigilancia y controles de acceso—, se convirtió en escenario de una grave violación de derechos humanos. Paradójicamente, mientras los controles impiden la entrada de personas ajenas, la mano de obra esclava era ingresada sin obstáculos.
El caso se conoció la semana pasada tras un allanamiento ordenado por la Procuraduría contra la Trata (Protex), en respuesta a una denuncia presentada en junio. Durante la inspección, la Dirección General Impositiva (DGI) encontró a 24 personas secuestradas en un sótano oscuro y sin ventilación, en condiciones infrahumanas. De los trabajadores cautivos, cuatro eran mujeres.
Los obreros habían sido traídos desde la provincia de Salta bajo falsas promesas de empleo digno y salarios justos. Pero la realidad fue otra: al llegar, les retuvieron los documentos y los obligaron a trabajar hasta 16 horas diarias. Al finalizar la jornada, eran encerrados en el sótano, donde permanecían sin luz ni ventilación, privados de libertad.
Este no es un caso aislado. Se estima que, en total, la red de explotación llegó a controlar a más de 150 personas en el lapso de dos años. La denuncia pone en evidencia una contradicción profunda: mientras los barrios privados como Nordelta son presentados como modelos de seguridad y exclusividad, el control se diluye cuando se trata de sostener esquemas de explotación laboral.
El operativo permitió rescatar a las víctimas, quienes ahora están bajo la protección de organismos estatales. Mientras tanto, se avanza en la identificación de los responsables de la trata y la explotación laboral. La investigación también pone bajo la lupa a las empresas que contrataron a los trabajadores en condiciones de esclavitud, lo que podría derivar en sanciones penales y económicas**.
Nordelta, la “ciudad pueblo” impulsada por Eduardo Costantini, quien figura entre las mayores fortunas del país, ha sido vista durante años como un símbolo de estatus y poder económico. Sin embargo, esta revelación mancha su imagen de exclusividad con la denuncia de un sistema que permitió la explotación de seres humanos en su propio territorio.
El caso reabre además el debate sobre el trabajo esclavo en la Argentina: lejos de ser una problemática del pasado, la explotación laboral extrema persiste en sectores como la construcción, la agricultura y la confección textil. Los mecanismos de reclutamiento mediante engaños, la retención de documentos y la privación de la libertad son prácticas que aún subsisten, incluso en los contextos de mayor opulencia.
