Diputados proponen un Régimen Penal Juvenil sin prisión perpetua para menores de 14 a 18 años

Los legisladores radicales impulsaron las reformas tras reavivarse el debate sobre la baja de la imputabilidad en el Congreso. Las iniciativas buscan un tratamiento especial para adolescentes y la eliminación de la prisión perpetua.

Los diputados de la UCR, Carla Carrizo y Manuel Aguirre, presentaron un proyecto para establecer unnuevo Régimen Penal Juvenil dirigido a jóvenes de entre 14 y 18 años . Las propuestas surgen en medio del renovado debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, reavivado por los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes anunciaron a finales de junio la intención de reducir a 13 años la edad mínima para que un adolescente pueda ser condenado según el Código Penal.

Las iniciativas de Carrizo y Aguirre buscan un tratamiento especial para menores de esa franja etaria, proponiendo que no se aplique la prisión perpetua y estableciendo excepciones para aquellos que no tengan la madurez suficiente para comprender la criminalidad de sus actos.

El proyecto de Carrizo, respaldado por varios legisladores de la UCR, entre ellos Fabio Quetglas y Julio Cobos, estipula que los adolescentes entre 14 y 18 años serán penalmente responsables, pero limita las penas máximas a 10 años para menores de hasta 16 años.

“En ningún caso la persona adolescente imputada por la comisión de un delito debe ser sometida a una consecuencia material o jurídicamente igual o más gravosa que la que le corresponde a una persona adulta por el mismo hecho”, establece el proyecto impulsado por Carrizo.

La legisladora subraya que la propuesta no solo se enfoca en la responsabilidad penal, sino también en la prevención de la delincuencia juvenil y en la capacitación de los profesionales que trabajen con adolescentes en conflicto con la ley.

Por su parte, el proyecto de Manuel Aguirre también propone un Régimen Penal Juvenil para menores de 14 a 18 años, pero limita la duración máxima de las penas privativas de libertad a 12 años, incluso en casos de concurso de delitos. Aguirre destaca la necesidad de que las penas restrictivas o privativas de libertad se cumplan en establecimientos especializados y prohíbe el alojamiento de menores en comisarías.

Sobre su iniciativa, Aguirre afirmó: “Es el momento de sancionar un nuevo régimen ya que el sistema de la Ley N°22.278 viene de la última dictadura militar. La Corte Interamericana de DDHH solicitó su derogación por violentar la letra de la Convención de los Derechos del Niño. Podemos decir, como en muchas otras leyes que quedaron del Proceso Militar, que esta sanción es una deuda de la Democracia y que tenemos que provocar el cambio legislativo y sancionar una ley acorde al Derecho Internacional y a las Convenciones que, como país soberano, hemos ratificado”.