Las operaciones avanzan a ritmo acelerado y dejan atrás terrenos, edificios y predios que eran considerados estratégicos dentro del patrimonio público.
El Gobierno avanzó en los últimos meses con un proceso acelerado de venta de inmuebles estatales que ya dejó un saldo de diez propiedades en manos privadas y una recaudación superior a los USD 214 millones. La política forma parte del programa de reducción del patrimonio público impulsado desde el inicio de la actual gestión.
El plan incluye subastas electrónicas y adjudicaciones directas dentro de un esquema que prioriza la liquidación de activos inmobiliarios considerados prescindibles. Sin embargo, varios de los predios vendidos se ubican en zonas de alto valor urbano y estratégico, lo que reavivó debates sobre el alcance y el impacto de esta desinversión acelerada.
Los diez inmuebles vendidos hasta ahora superaron ampliamente su precio base. En conjunto, casi duplicaron los valores de partida y despertaron fuerte interés entre desarrolladoras, inversores particulares y grupos financieros. Nueve de estas propiedades están emplazadas en la Ciudad de Buenos Aires y una en Mendoza.
El caso más resonante fue el de un predio en Palermo, ubicado en una de las áreas más cotizadas de la ciudad, que alcanzó una oferta de USD 127 millones, muy por encima de los USD 81,8 millones iniciales. Se trata de tierras con importante potencial para proyectos mixtos, donde actualmente funciona un complejo comercial que próximamente dejará de operar.
Otro terreno en Palermo, utilizado hasta ahora como estacionamiento, también cambió de manos por encima de su base. El interés del sector privado por estas superficies anticipa una transformación urbana significativa, aunque no exenta de cuestionamientos por la pérdida de espacios que pertenecían al Estado.
Entre los predios adjudicados se destaca también un inmueble en Retiro que pasó a propiedad de un organismo financiero internacional por USD 8,8 millones. El lote, ubicado a metros de la Plaza San Martín, había sido publicado inicialmente a un valor mayor, lo que abrió interrogantes sobre la baja en su tasación previa.
En la misma línea, un edificio situado sobre la Avenida Rivadavia quedará en manos de un grupo inversor local que igualó el precio base. La misma firma ya había adquirido una casona de Belgrano R que perteneció a un condenado por narcotráfico, vendida por un monto sensiblemente inferior a su valuación original.
Otro remate relevante fue el de un predio de Puerto Madero por USD 34 millones, luego de varios intentos fallidos de venta en años anteriores. Su ubicación estratégica junto a la Reserva Ecológica lo convertía en uno de los bienes más codiciados dentro del catálogo estatal, y su transferencia reactivó el debate sobre el destino de áreas sensibles desde el punto de vista urbanístico.
También generó controversia la venta del edificio del INTA en Palermo, adjudicado por USD 18,5 millones. La operación obtuvo un monto casi triplicado respecto de su base, en medio de reclamos de trabajadores por la pérdida de un espacio considerado relevante para la institución.
En el listado figura además un departamento decomisado en una causa de corrupción vinculada a un exfuncionario, vendido por encima de su precio mínimo, y un dúplex en Floresta que también pasó a manos privadas por un valor prácticamente coincidente con el base. En ambos casos, se trató de inmuebles provenientes de procesos judiciales.
La única operación fuera de Buenos Aires fue la adjudicación de un edificio inconcluso en pleno centro de Mendoza, adquirido por un particular por cerca de USD 466.500. El predio, abandonado desde los años noventa, se transformó en un símbolo del deterioro urbano, aunque su venta reabre planteos sobre la falta de iniciativas estatales para recuperarlo.
A estas diez propiedades se suman otras doce que saldrán a remate en las próximas semanas, y un listado mucho más amplio, con más de 150 inmuebles en carpeta, que el Gobierno analiza poner en subasta. El avance del cronograma confirma una política de reducción patrimonial rápida, cuyos efectos urbanísticos, económicos y sociales siguen bajo la lupa de especialistas.
