Están imputados por la supuesta ejecución de maniobras para poner en circulación, es decir “blanquear”, fondos de origen ilícito que se presumen, provenían de hechos de corrupción vinculados al gobierno anterior.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento de dos integrantes del Clan Sena por lavado de dinero. Se trata del matrimonio conformado por Emerenciano Sena y Marcela Acuña. El tribunal definió “confirmar el auto procesamiento en su contra, en todo lo que fuera materia de impugnación”.
Están imputados por la supuesta ejecución de maniobras para poner en circulación, es decir “blanquear”, fondos de origen ilícito que se investiga si provenían de hechos de corrupción vinculados a la administración pública provincial.
Las defensas del matrimonio habían planteado la posibilidad el procesamiento sin prisión preventiva, posibilidad que fue también desestimada por el tribunal.
Según lo establece el fallo, los Sena utilizaban la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña para canalizar “millonarios fondos públicos” que se investiga si fueron asignados de forma irregular por el Ministerio e Infraestructura y el IAFEP.
Esta fundación trabajaba de forma prácticamente exclusiva con el Estado provincial. Entre algunas de sus facturaciones se destacan, en 2022, una de $35.125.194 al Ministerio de Infraestructura y otra de $15.368.385 al IAFEP. En 2023 las cifras aumentaron, alcanzando os $186.032.861 al IAFEP.
También se investigan acreditaciones bancarias de más de $140.953.467. Según consta en el expediente, los fondos eran retirados en efectivo y personalmente por Emerenciano, evitando así controles de trazabilidad digital.
Entre las misiones de la fundación se encontraba además la construcción de viviendas sociales, con obras que no se iniciaron pese a los millonarios anticipos entregados en su momento por el Ejecutivo provincial.
El análisis también alcanzó a la actividad contable de la fundación, donde se evidencia en los balances que el rubro “mano de obra y materiales” aumentó un 454% de un año al otro y los “gastos de personal del centro de salud” aumentaron un 477%, sin contar con respaldo de documentación ni empleados registrados.
Cabe recordar que ambos integrantes del matrimonio están también acusados como partícipes necesarios en la causa que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski, cuyo juicio iniciará el martes 28 de octubre.
