La reforma previsional anunciada en el Informe 142 presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados, “no solo profundiza la crisis del sistema público de pensiones y jubilaciones, sino que configura un nuevo y brutal ataque contra los derechos de las trabajadoras y trabajadores jubilados y futuros jubilados”, sostuvo Charly Petrillo, de la agrupación Jubilados Clasistas.
Uno de los puntos más polémicos señalados por Petrillo es “el congelamiento del bono de $70.000, otorgado inicialmente como un parche para compensar la imposibilidad de equiparar el haber jubilatorio a la inflación real. Este bono, lejos de ser una solución, se ha convertido en una herramienta de confiscación encubierta del ingreso de más de cinco millones de jubiladas y jubilados”, entre ellos beneficiarios de la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC).
El dirigente jubilado observó que “Si este bono hubiera sido actualizado conforme a la inflación acumulada hasta abril de 2025, su valor debería rondar los $150.000. Es decir, en abril, se nos está confiscando $75.000 a quienes percibimos el haber mínimo, sin contar con que el bono no se computa para calcular el aguinaldo, lo cual aumenta aún más la precarización económica”.
Pérdida real frente a la inflación
Durante todo 2024, el aumento promedio en las jubilaciones, incluyendo el bono, fue del 105,1%, muy por debajo de la inflación anual del 117,8%, dejando una pérdida neta del 12,7%. “Y esto sin considerar que, según reconoció el propio ministro en el informe, los datos oficiales sobre la canasta básica utilizados para medir la inflación están desactualizados” dijo Petrillo, basándose en la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares de 2004/2005, y no en los años 2017/2018, que reflejarían una inflación real del 133,6%. “Esto significa una pérdida aún mayor del poder adquisitivo de las jubilaciones”.
Miles sin derecho a jubilarse
Petrillo afirmó que “Otro golpe directo al sistema previsional es la decisión de no prorrogar la moratoria jubilatoria derogada recientemente, medida que permitía a personas que habían cumplido la edad jubilatoria pero no los años mínimos de aportes acceder a una pensión”. La moratoria había posibilitado la jubilación de 580.000 personas, de las cuales 6 de cada 10 eran mujeres. “Ahora, cerca de 250.000 trabajadores, principalmente mujeres, no podrán jubilarse en 2025 y deberán optar por la PUAM, un beneficio con haberes muy menores, sin pensión por viudez y con un examen socioeconómico previo”, agregó.
Sigue vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional, que permite a trabajadores que faltan pocos años para completar los aportes necesarios abonarlos para acceder a una jubilación, “Pero este plan también tiene sus trampas: cada mes adeudado cuesta casi $28.000, actualizado por inflación, y la imposibilidad material de afrontar estos pagos afecta especialmente a quienes fueron víctimas de despidos, suspensiones, trabajo precario y salarios no remunerativos, responsabilidad histórica de los distintos gobiernos que representan intereses empresariales”, sentenció Petrillo.
Suba de la edad jubilatoria
Petrillo hizo notar que el informe del ministro Francos reveló, además, “La intención de avanzar hacia una reforma integral del sistema de pensiones, orientada a aumentar la edad jubilatoria para hombres y mujeres. Francos sostuvo que esa revisión forma parte de un diagnóstico en curso, sin definiciones concretas. En realidad, no es más que la continuación de la política sistemática de demolición del régimen previsional público, iniciada hace décadas por gobiernos neoliberales y continuada por todos los sucesivos”.
Indignidad: menos de $370 mil en mayo
En mayo, “el haber jubilatorio mínimo será de $296.000, sumado al congelado bono de $70.000, arrojando un total de $366.000 mensuales. Un monto muy por debajo del umbral de indigencia, cuando la canasta familiar básica hoy supera los $2.500.000”, recordó.
Frente a este escenario, “decenas de jubilados y jubiladas continuamos movilizándonos todos los miércoles a las 16 frente al Congreso Nacional, reclamando revisión inmediata de las jubilaciones, reapertura de la moratoria y derogación del ajuste previsional. Defender el sistema previsional público no es solo defender derechos históricos conquistados, es defender la dignidad de quienes construimos este país con nuestro trabajo”, concluyó Petrillo.
