El Ministerio de Justicia definió los principales objetivos y líneas de acción para avanzar con la aplicación del nuevo sistema en todo el país.
El Gobierno nacional avanzó con la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil y creó un programa específico que tendrá a su cargo coordinar su implementación, capacitar a los operadores judiciales, asistir a las víctimas y supervisar las medidas aplicadas a los adolescentes alcanzados por el sistema.
La medida fue oficializada este viernes a través de la Resolución 484/2026 del Ministerio de Justicia , publicada en el Boletín Oficial. El programa funcionará dentro de la Subsecretaría de Política Criminal y actuará como instrumento para coordinar las tareas que corresponden al Ministerio como autoridad de aplicación de la Ley 27.801.
La normativa llega después de la reglamentación del Régimen Penal Juvenil mediante el Decreto 875/2026 , que designó al Ministerio de Justicia como autoridad encargada de su implementación y coordinación en el ámbito nacional y federal.
Cuáles serán los principales objetivos
Entre los ejes establecidos aparece la implementación integral del nuevo régimen, junto con el desarrollo de intervenciones orientadas a reducir la reincidencia delictiva y la formación especializada de quienes trabajan dentro del sistema de justicia penal juvenil.
También se buscará reforzar la atención y protección de las víctimas , con mecanismos de asistencia, contención, resguardo de derechos y participación dentro del proceso penal juvenil.
Otro de los objetivos será mejorar la coordinación entre ministerios, instituciones y jurisdicciones, además de desarrollar un sistema de información estadística e institucional que permita evaluar los resultados de las políticas aplicadas y utilizar esos datos para la toma de decisiones.
Supervisores para el seguimiento de los adolescentes
Uno de los puntos centrales será la organización del Cuerpo de Supervisores del Régimen Penal Juvenil . Estos profesionales estarán encargados del seguimiento de las medidas dispuestas en cada caso y deberán trabajar bajo protocolos estandarizados.
El programa deberá impulsar los procedimientos para la convocatoria, inscripción, evaluación, selección y capacitación de los supervisores, además de gestionar su disponibilidad y evaluar su desempeño.
La normativa establece que estos profesionales podrán tener formación en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, adicciones o trabajo social . Entre sus funciones estarán mantener entrevistas periódicas con los adolescentes, seguir su evolución y elaborar informes sobre su desempeño.
Capacitación y coordinación con las provincias
La nueva estructura también deberá desarrollar programas de capacitación continua para magistrados, funcionarios y otros operadores vinculados con la justicia penal juvenil.
Además, brindará asistencia para el funcionamiento de la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil , creada para articular la aplicación del sistema entre Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También se prevé la coordinación con áreas vinculadas a seguridad, protección de niños y adolescentes, salud, educación y trabajo , consideradas necesarias para la aplicación de las distintas medidas previstas por el régimen.
El Programa de Implementación estará coordinado por Débora Eliana Di Girolamo , quien cumplirá la función con carácter «ad honorem». La resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
En paralelo, el Ministerio de Justicia creó mediante la Resolución 483/2026 el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB), destinado a coordinar políticas vinculadas con delitos cometidos en entornos digitales y el tratamiento de evidencia digital.
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