La reiteración de hechos delictivos protagonizados por R.R.L., un delincuente reincidente con múltiples antecedentes judiciales y policiales, volvió a generar preocupación entre los vecinos. La inquietud se profundiza porque el involucrado es conocido por su prontuario delictivo y es hermano de uno de los responsables del violento robo ocurrido en el año 2023 en el que fue asesinado de una puñalada un agente del Servicio Penitenciario Federal en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. Ante un nuevo episodio protagonizado por R.R.L los vecinos cuestionan el accionar de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 3, a cargo del fiscal Marcelo Soto, y reclaman respuestas sobre la situación judicial del involucrado.
El reclamo tomó mayor fuerza tras el procedimiento policial ocurrido el pasado 13 de junio en el barrio Santa Teresita, donde personal del Departamento 911 debió intervenir ante una situación de extrema peligrosidad. Según el informe policial, R.R.L portaba un hacha, un cuchillo y un puñal, amenazaba a transeúntes e intentó agredir a los efectivos que participaron del operativo, por lo que fue necesaria la intervención de distintas unidades para lograr su reducción y traslado.
Los vecinos sostienen que este episodio no constituye un hecho aislado, sino que se suma a un extenso historial de actuaciones judiciales y causas penales por delitos como hurto, amenazas, daños, desobediencia judicial y robos, además fue condenado y tiene cumplimiento efectivo de la ejecución de la pena; y a pesar de ello, CONTINÚA EN LIBERTAD.
Frente a esta situación, reclaman al fiscal Marcelo Soto que informe cuál es la situación judicial actual del involucrado, si existen condenas pendientes de cumplimiento, cuáles son los fundamentos legales que permiten que permanezca en libertad y qué medidas concretas se están aplicando para resguardar la seguridad de la comunidad.
Los vecinos afirman que el planteo no busca interferir en la independencia del Poder Judicial, sino obtener respuestas claras frente a una situación que genera creciente preocupación. Consideran que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo actúa el sistema judicial ante casos de reincidencia y qué herramientas legales se están utilizando para prevenir que se produzcan nuevos hechos de violencia.
«La comunidad necesita respuestas y garantías de que se están tomando todas las medidas que la ley permite para proteger a los vecinos», sostienen quienes impulsan el reclamo.
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