Los fiscales sostuvieron que los acusados conocían las deficiencias técnicas y de mantenimiento del submarino antes de su última misión. Consideran que sus decisiones y omisiones contribuyeron a crear las condiciones que derivaron en la tragedia que costó la vida de 44 marinos.
La fiscalía federal solicitó penas de entre cinco y tres años y medio de prisión para cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina juzgados por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur. En el juicio oral que se desarrolla en Río Gallegos, los representantes del Ministerio Público sostuvieron que los acusados permitieron que la nave realizara su última misión pese a conocer serias deficiencias de mantenimiento y operatividad.
Durante los alegatos, los fiscales Julio Zárate, Gastón Franco Pruzán y Lucas Colla, junto con la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), María Garmendia, pidieron cinco años de prisión para el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y para el excapitán de navío Claudio Javier Villamide.
Además, solicitaron cuatro años de prisión para el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y tres años y seis meses para el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa.
La acusación incluye también la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Los fiscales consideran que los cuatro incurrieron en incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso con estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes.
Por qué están siendo juzgados
La investigación se centró en determinar si la cadena de mando naval permitió que el submarino operara pese a las advertencias sobre su estado.
Según la fiscalía, el ARA San Juan zarpó en octubre de 2017 con importantes problemas técnicos y sin haber completado tareas de mantenimiento consideradas indispensables por la normativa vigente. También sostuvo que los responsables militares conocían informes técnicos y pedidos de reparación que alertaban sobre esas deficiencias.
Para los acusadores, el hundimiento no fue un hecho imprevisible ni inevitable, sino la consecuencia de una serie de decisiones y omisiones que aumentaron los riesgos de la navegación.
Qué ocurrió con el ARA San Juan
El submarino había atravesado una reparación de media vida entre 2007 y 2015. Sin embargo, durante el juicio se expusieron informes y registros que documentaron distintos desperfectos técnicos posteriores a esa intervención.
La fiscalía afirmó que, al momento de iniciar su última misión, la nave había superado ampliamente los plazos reglamentarios para ingresar nuevamente a dique seco y realizar tareas de mantenimiento programado.
El 11 de noviembre de 2017, el ARA San Juan partió desde Ushuaia hacia su zona de patrullaje. Durante la noche del 14 de noviembre se produjo el ingreso de agua de mar al sector de baterías de proa, lo que provocó un cortocircuito y un principio de incendio.
A la mañana siguiente, el submarino perdió capacidad de control de profundidad y terminó implosionando al superar el límite estructural que podía soportar. Los 44 tripulantes murieron.
Las responsabilidades atribuidas a cada acusado
La fiscalía distribuyó las responsabilidades según las funciones que cada uno ejercía dentro de la estructura naval.
Claudio Javier Villamide
Era el jefe del Comando de la Fuerza de Submarinos. Los fiscales sostienen que autorizó la participación del ARA San Juan en su última misión pese a conocer el vencimiento de tareas de mantenimiento, los pedidos de reparación formulados por el comandante del buque y los problemas detectados en navegaciones previas.
Luis Enrique López Mazzeo
Como titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, tenía a su cargo supervisar las condiciones operativas de los medios navales. Según la acusación, no controló adecuadamente la situación del submarino a pesar de contar con información sobre su deterioro y la falta de mantenimiento.
Héctor Aníbal Alonso
Se desempeñaba como jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos. La fiscalía le atribuye haber firmado la orden de operaciones que habilitó la misión aun conociendo las limitaciones técnicas del buque y las exigencias que implicaría la navegación en el Atlántico Sur.
Hugo Miguel Correa
Era responsable del sistema de comunicaciones submarinas. Los fiscales consideran que no garantizó un esquema de comunicaciones seguro y eficiente durante la travesía y que participó en la elaboración de la orden de operaciones que envió al submarino a su misión final.
El juicio entra en su etapa decisiva
El debate oral comenzó el 3 de marzo de 2026 en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos. Tras los alegatos de la fiscalía, será el turno de las defensas de los acusados antes de que el tribunal dicte sentencia.
La causa busca determinar si las decisiones adoptadas por la conducción naval contribuyeron a crear las condiciones que desembocaron en una de las mayores tragedias de la historia reciente de las Fuerzas Armadas argentinas.
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