La petrolera comunicó a la CNV el reemplazo de Guillermo Francos y una reconfiguración de sillas que incluye la salida de dos directores privados y el ingreso del exdiputado Martín Maquieyra, en medio de los cambios que impulsa la Casa Rosada en la conducción de la compañía.
Manuel Adorni fue designado como director de YPF en representación del Estado Nacional y ocupará la silla que dejó vacante Guillermo Francos, con facultades especiales de veto en decisiones estratégicas. El cargo será ad honorem, ya que el funcionario renunció a percibir honorarios.
La petrolera informó este viernes a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la incorporación del jefe de Gabinete al directorio como Director Titular clase A con Acción de Oro, una figura que otorga poder de veto en asuntos considerados sensibles para la compañía.
En la misma comunicación, la empresa notificó la salida de los directores titulares por la clase D, Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y José Rolandi, quienes renunciaron «por razones de estricta índole personal». Sus lugares serán ocupados por Francos y el exdiputado nacional del PRO Martín Maquieyra.
Maquieyra es magíster en Gestión en Gas y Petróleo y fue vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados durante su mandato legislativo entre 2017 y 2025. Además, tuvo participación activa en la negociación parlamentaria de la Ley de Bases, cuyo capítulo energético concentró una parte sustancial de las reformas impulsadas por el oficialismo.
YPF detalló que Adorni «ha comunicado la renuncia de sus honorarios», por lo que solo percibirá su salario como jefe de Gabinete, estimado en $5,9 millones brutos mensuales. La compañía también precisó que los directores designados permanecerán en funciones «hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas».
Según lo aprobado por esa asamblea en abril del año pasado, el presupuesto destinado a honorarios del directorio asciende a $11.096.174.942, lo que equivale a remuneraciones promedio cercanas a los $75 millones mensuales por integrante.
La llegada de Adorni se inscribe en una serie de modificaciones promovidas por la administración de Javier Milei en la conducción de la empresa, presidida por Horacio Marín. Las designaciones fueron comunicadas tanto al mercado local como a la Bolsa de Nueva York.
Frente judicial en Estados Unidos
En paralelo, el Gobierno solicitó ante la jueza Loretta Preska, del Segundo Distrito de Nueva York, la suspensión del proceso de discovery y de la moción de desacato impulsada por los demandantes en el litigio por la expropiación de YPF.
El pedido fue presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación, que cuestionó la utilización de ese mecanismo judicial. En el escrito, el Estado sostuvo que los requerimientos de información «se han vuelto intrusivos y desproporcionados» y denunció un «hostigamiento sistemático contra un Estado soberano», con posibles efectos sobre la soberanía y las relaciones diplomáticas.
El discovery habilita a los acreedores a solicitar datos para identificar activos embargables con los que ejecutar la sentencia. La Procuración señaló que, desde diciembre de 2023, la Argentina «cumplió de manera plena con todas las obligaciones impuestas por el tribunal» y entregó documentación en un volumen «sin precedentes».
Pese a ello, afirmó que los demandantes ampliaron sus exigencias, incluyendo pedidos de información sobre las reservas de oro del Banco Central. El Gobierno remarcó que esos bienes están protegidos por inmunidad de ejecución y no pueden ser objeto de embargo.
Según la presentación oficial, el proceso «se ha desnaturalizado» y excede el objeto original del litigio, mientras que Burford Capital —principal beneficiario del fallo— habría intensificado la presión judicial con nuevas solicitudes y una moción de desacato.
La defensa argentina anticipó que continuará apelando a todas las herramientas legales disponibles en las distintas instancias del proceso.
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