La Justicia avanza con pruebas genéticas mientras crece la presión política para esclarecer responsabilidades en uno de los mayores escándalos sanitarios del país.
La causa judicial por el fentanilo contaminado ya investiga al menos 68 muertes y decenas de casos graves en hospitales públicos y privados de todo el país. El foco está puesto en el lote 31202 de la sustancia, compuesto por más de 154 mil ampollas fabricadas por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., que fueron retiradas del mercado por la Anmat, luego de que se detecte su contaminación con bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.
Según el Ministerio de Salud de la Nación, más de 33 mil dosis ya fueron aplicadas, muchas en pacientes críticos o internados en terapia intensiva. Las víctimas incluyen adultos mayores, personas en estado grave y un bebé recién nacido que sigue internado en Córdoba.
En paralelo a la investigación judicial, también se intensifica la presión política. En una sesión de la Cámara de Diputados cargada de temas sanitarios y económicos, no se logró quórum para tratar la creación de una comisión investigadora que analice la cadena de responsabilidades detrás de este escándalo. El proyecto fue impulsado por la diputada del PRO Silvana Giudici, quien cuestionó duramente la falta de apoyo de otros bloques: “Este laboratorio jamás debió haber sido habilitado. El objetivo es que nadie quede impune y los responsables vayan presos”, aseguró.
El expediente, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, ya cuenta con 24 personas embargadas y con prohibición de salida del país. Entre los señalados está Ariel García Furfaro, considerado el principal responsable de las firmas involucradas, junto a familiares, directores técnicos y encargados de control de calidad. Aún no fueron indagados formalmente.
La clave de la investigación ahora está en las pruebas genéticas, que buscan confirmar si las bacterias encontradas en los cuerpos de las víctimas coinciden con las halladas en las ampollas del lote prohibido. De comprobarse esa relación, sería un elemento determinante para avanzar con imputaciones penales a los fabricantes y distribuidores.
En las últimas horas, la Anmat ratificó que HLB Pharma no tiene habilitación vigente para elaborar,importar ni comercializar medicamentos. Aunque la empresa figura en los registros oficiales, no cuenta con director técnico habilitado y no cumple con los requisitos básicos de funcionamiento, lo que la deja completamente fuera del circuito legal.
Del lote contaminado, hasta ahora se recuperaron 64.003 ampollas: 45.391 están bajo custodia judicial y 11.405 permanecen localizables pero aún no fueron recolectadas. El resto fue administrado a pacientes. Hasta el momento, el Ministerio de Salud reconoce 67 casos asociados al brote: 46 en Santa Fe, 19 en Buenos Aires y 2 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
DETECCIÓN TEMPRANA EN EL CHACO
El ministro de Salud del Chaco, Sergio Rodríguez, confirmó que en la provincia no circula fentanilo contaminado, gracias a una revisión temprana de las compras de insumos que permitió bloquear el ingreso del producto sospechoso. “El impacto se siente en cantidad de volumen y de dinero”, indicó, y precisó que la provincia debió invertir 800 millones de pesos en medicamentos para reemplazar los productos retirados. Además, se señaló el rol de la empresa logística tercerizada que opera en el sistema sanitario chaqueño desde hace más de una década.
La provincia aclaró que sí utiliza fentanilo en sus hospitales, pero que no proviene de los laboratorios involucrados en el caso y que su uso está debidamente controlado.
