A un día de la apertura de sobres, el organismo del Ministerio Público Fiscal emitió un dictamen en el que solicitó al gobierno adecuar los pliegos licitatorios.
El diario La Nación indicó ayer que la licitación de la concesión de la Hidrovía sumó un nuevo capítulo lejos de los puertos y cerca de los despachos judiciales.
Así como lo hizo cuando la gestión de Alberto Fernández intentó lanzar la misma compulsa en 2021, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) emitió un dictamen en el que señaló que hay “elementos suficientes para advertir serias irregularidades en la redacción de los pliegos del procedimiento”, o sea, la licitación.
El documento que lleva la firma del titular de la PIA, Sergio Rodríguez, pertenece al expediente abierto después de una presentación de la Coalición Cívica en la que habían pedido la intervención del organismo judicial porque “podría haber un direccionamiento” en las condiciones del pliego.
A tan solo un día de que se termine el período para recibir ofertas y abrir el primer sobre de cada uno de los competidores, la PIA no solo observó posibles irregularidades, sino también sostuvo que “correspondería que esa Agencia Nacional de Puertos y Navegación adecue los plexos licitatorios”.
Se trata de la licitación más grande de la gestión del presidente Javier Milei. El ganador se quedará durante 30 años con un negocio que, según calcula el gobierno podría facturar hasta USD 410 millones anuales por el cobro de peajes a los barcos que llevan y traen bienes a través de la Hidrovía. El pliego otorga la concesión al ganador, a cambio de que este se haga cargo de las obras de dragado y señalización.
JAN DE NUL EN LA MIRA
El tamaño del contrato despertó el interés de varias empresas como las belgas Jan de Nul y DEME, la danesa Rohde Nielsen, y las de Países Bajos, Boskalis y Van Oord. Precisamente, Jan de Nul es la que se encuentra en el centro de las acusaciones.
DEME realizó presentaciones judiciales como la de la CC ante la PIA. A su vez, otra compañía, Rohde Nielsen, también se presentó ante la Justicia para pedir que declaren nula la nulidad que la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables dispuso sobre un reclamo suyo en el marco de la compulsa.
“La licitación se basa en requerimientos y condiciones que restringen la concurrencia de interesados y la competencia entre eventuales oferentes, beneficiando solo a un potencial competidor, el grupo Jan de Nul”, incluyó en el escrito judicial.
“No existe el direccionamiento”, contestó el gobierno en un escrito de 88 páginas publicado el lunes en el Boletín Oficial. Misma postura adoptó la compañía acusada de ser beneficiada.
Los puntos de la licitación que más controversia generaron son cuatro, entre ellos el referido a personas no habilitadas para contratar redactado de tan manera de dejar fuera a las compañías chinas.
