La dramática escena de un jubilado rociándose con combustible e intentando prenderse fuego en la sede central del PAMI en Córdoba expuso una realidad que golpea a millones de personas mayores en todo el país: el acceso a los medicamentos gratuitos se ha convertido en una misión casi imposible.
El hombre de 67 años reaccionó con desesperación tras recibir la noticia de que no le entregarían la medicación que había solicitado. El episodio, que podría parecer un caso aislado, es en realidad el reflejo de una situación crítica que afecta a miles de beneficiarios del Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
Según Charly Petrillo, integrante de la agrupación Jubilados Clasistas, esta crisis tiene un origen claro: el recorte de la cobertura de medicamentos decidido por el gobierno de Javier Milei. Desde la implementación de estas medidas, los jubilados deben enfrentar una serie de obstáculos burocráticos que, lejos de facilitar el acceso a la salud, lo complican aún más.
Trámites engorrosos y desinformación
Petrillo dice que “Es un camino plagado de trabas. Acceder a los subsidios requiere la presentación de una declaración jurada con 64 ítems que deben completarse de forma minuciosa. Además, los turnos para obtener recetas tienen una demora de hasta 90 días, y las gestiones deben repetirse mensualmente. Estos requisitos, que muchas veces implican la presencia física de los beneficiarios en las sedes, generan largas colas y agotamiento físico y emocional en personas de la tercera edad”.
La falta de información clara y accesible por parte del PAMI agrava la situación: “Los beneficiarios se ven obligados a realizar trámites que no comprenden por completo, con una sensación constante de incertidumbre. Esta desinformación contribuye a la desesperación de muchos jubilados, quienes no solo ven en riesgo su salud, sino también su dignidad”, explica Petrillo.
El lucro por encima de la vida
Desde Jubilados Clasistas, Petrillo no duda en señalar a los responsables: “Un gobierno, un Estado y un sistema capitalista que solo funciona por el lucro, sin ningún miramiento por la salud y la vida de millones”, sentenció. En su denuncia, Petrillo apunta directamente a las grandes corporaciones farmacéuticas, a las que acusa de “lucrar con la salud pública mientras llenan sus bolsillos de oro”.
“El acceso a los medicamentos esenciales no solo es un derecho básico, sino una necesidad vital para millones de personas mayores que padecen enfermedades crónicas”, proclama. “Sin embargo, con la nueva política de recortes, muchas de estas personas deben elegir entre pagar sus remedios o cubrir otras necesidades básicas”.
La respuesta de los jubilados
Petrillo convocó a acompañar “La resistencia, que se organiza cada miércoles a las 15 en el anexo del Congreso Nacional. Allí, grupos de jubilados, familiares y organizaciones sociales se concentran para visibilizar la problemática y exigir respuestas al gobierno con una consigna clara: Hay que frenar esta barbarie”.
Jubilados Clasistas sostiene que “Lo que comenzó con la indignación de unos pocos se está transformando en una movilización creciente. La lucha no se limita a un reclamo sectorial, sino que se inscribe en una pelea más amplia por el derecho a la salud y a una vejez digna”.
Conclusión
El intento de autoagresión de un jubilado en Córdoba fue una señal de alarma sobre la gravedad de la crisis en el acceso a los medicamentos. Los recortes en la cobertura de salud afectan a una población que ya enfrenta dificultades económicas, de movilidad y de salud. La burocracia y la falta de información no solo empeoran la situación, sino que alimentan el sentimiento de abandono en una de las franjas etarias más vulnerables de la sociedad.
La denuncia de los Jubilados Clasistas deja en claro que esta situación no es casual, sino producto de una política de ajuste que, en palabras de Petrillo, prioriza el lucro de las farmacéuticas por encima de la vida de millones de personas. Frente a este panorama, la organización y la protesta se convierten en “la única herramienta para exigir un cambio”, afirman.
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