Se trata de dos ministerios que van a permanecer en su eventual Gobierno y de los que se encargaría su compañera de fórmula, Victoria Villarruel. Cuáles son su visión y sus proyectos
A medida que se va informando el esquema que tendría el eventual gobierno de Javier Milei y cómo se reorganizaría el Estado si es que el líder de La Libertad Avanza llega a la Presidencia, se va conociendo el rol relevante que tendrá su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, que no ocuparía solamente el lugar de vice y de titular del Senado, sino que además estaría al frente de algunas de las áreas más importantes del Gabinete.
Hija de un militar fallecido, que en 1975 participó del Operativo Independencia, la actuación de las fuerzas armadas para combatir un foco guerrillero en Tucumán durante la presidencia de Isabel Perón, y veterano de Malvinas, la actual diputada nacional tiene una visión muy concreta en lo que respecta a la Defensa Nacional y la Seguridad Interior, dos de los ocho ministerios que tendría la gestión del economista.
Es por eso que, si finalmente el libertario se impone en las elecciones presidenciales y asume la máxima responsabilidad ejecutiva, será Villarruel quien se encargará de esos dos sectores, no solamente decidiendo a las personas que serán designadas en esos lugares, sino también diseñando los lineamientos de las carteras.
De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes cercanas al espacio, Villarruel, que tiene una visión orientada a revalorizar el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad y aplicar el máximo rigor contra los delincuentes, ya tiene varias iniciativas en mente.
Además de ser la secretaria general del Partido Demócrata, uno de los tantos que integran La Libertad Avanza a nivel nacional, es la fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), que se dedica a investigar los ataques cometidos por grupos guerrilleros y sus consecuencias en la Argentina durante los años ‘70.
En lo que respecta a la seguridad, la compañera de fórmula de Milei sostiene que “el delito es producto de una libre elección del individuo, quien debe responder por todos los actos que su decisión origina” y son las autoridades las que “detentan el monopolio de la fuerza y deben aplicarla para reprimir” esas acciones.
En este sentido, una de las reformas que propone es redoblar el esfuerzo del Estado para con la Policía, “respaldando la acción de las fuerzas del orden, potenciando el Consejo de Seguridad Interior” y “recurrir a la figura del Comité de Crisis ante situaciones de emergencia”.
Asimismo, plantea “priorizar la lucha contra el narcotráfico, incidiendo sobre todas sus fases” y “asegurar el libre tránsito en el territorio de la nación y detener la ocupación ilegal de tierras, actuando en forma inmediata ante la flagrancia”.
Además, su intención es “abordar la problemática de los delitos cometidos por menores, promoviendo la baja de la edad de imputabilidad y la mejora del sistema de Institutos de Minoridad” y “reformular la Política Penitenciaria Nacional, por medio, entre otros aspectos, de la construcción y operación por gestión pública–privada de nuevas alcaidías y cárceles”.
En cuanto a la defensa nacional, Villarruel opina que el sistema “muestra un panorama recesivo en su equipamiento e instrucción, producto de treinta años de desinterés por parte de las sucesivas gestiones de gobierno”, sumado a que “el personal sufre una acentuada frustración vocacional”, por lo que cree necesario que las Fuerzas Armadas sean “revalorizadas ante la ciudadanía, en su rol de instituciones fundamentales de la República”.
Para esto, uno de los proyectos que tiene en mente es el de “crear un Instrumento militar ágil, moderno y tecnológicamente avanzado que reemplace las actuales estructuras obsoletas” y “reformular el diseño de las fuerzas y su despliegue, suprimiendo escalones innecesarios y burocráticos”.
En esta línea, también pretende “financiar adecuadamente” el área, para “revertir el deficiente estado de equipamiento e instrucción”, así como también “recomponer el presupuesto militar, llevándolo progresivamente en un proceso de 8 años al 2% del PBI y reglamentar la ley del FONDEF”, un fondo de afectación específica que tiene por objetivo cubrir los costos del proceso de reequipamiento de los uniformados.
Por último, buscará “recobrar el prestigio de las Fuerzas Armadas argentinas en el plano nacional e internacional; y elevar el estado moral de sus integrantes con acciones que apunten a su bienestar humano”.
“Adaptaremos los planes de carrera y la capacitación permanente, favoreceremos el acceso a la salud y a la vivienda y mejoraremos los niveles de ingresos que permitan la retención y potenciación de los recursos humanos, equiparando inmediatamente sus atrasados salarios, jubilaciones y pensiones con los del personal de las fuerzas de seguridad. Llevar a cabo la activación operacional de las Fuerzas, dándole sentido a las aspiraciones vocacionales de sus efectivos, desactivar la politización del sistema de inteligencia, la progresiva suspensión de los ejercicios militares con países con los que tenemos firmados acuerdos de cooperación, el abandono de la mayoría de las misiones de Paz en el plano internacional, la ideologización de los centros universitarios de formación, el intento de eliminar liceos militares y la caída abrupta de los salarios de las fuerzas”, señaló en su plan de gobierno.
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