sobreseimiento también había alcanzado al hombre que había recibido a la joven. En la causa, se discutió la declaración de nulidad de la entrevista policial a la madre y las pruebas derivadas de ese acto y si, pese a eso, existía un curso de investigación válido.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes había confirmado respecto de una mujer acusada de «vender» a su hija adolescente a cambio de una vivienda, y del hombre que la había recibido y prometido adquirir una casilla para su madre.
En base a ello, la Cámara correntina dictó un nuevo pronunciamiento en igual sentido.
Los camaristas Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky hicieron lugar al recurso interpuesto por el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones esa jurisdicción y coordinador de la Fiscalía de Distrito de Corrientes, Carlos Schaefer. También consideraron los argumentos del fiscal general Javier De Luca, a cargo de la Fiscalía N°4 ante la Cámara Federal de Casación Penal, que intervino en la instancia.
EL CASO
La pesquisa comenzó en octubre de 2024, por un llamado anónimo recibido en el servicio 101 de la División de Investigaciones de la Jefatura de Concordia de la Policía de Entre Ríos, en el que denunciaban que una mujer de 47 años había entregado a su hija adolescente a un hombre de 57 años, a cambio de una casilla.
La Policía logró identificar a la denunciante, quien manifestó que la imputada se había mudado a Corrientes con su entonces pareja y que, a los pocos meses, había regresado a Concordia para buscar a su hija, que en ese momento tenía 15 años. Según explicó, perdió contacto con la mujer hasta fines de septiembre de 2024, cuando esta se presentó en su casa y le contó que había vuelto a Concordia y que su hija «se juntó con un viejo», que tenía un almacén en la ciudad correntina de Mercedes.
La mujer agregó que la imputada le había dicho que el hombre le compraría una casilla en Concordia a cambio de la adolescente y que también le enviaría dinero para los pasajes cuando quisiera viajar a visitarla. Como respaldo, aportó conversaciones de WhatsApp en las que la madre reiteraba esa promesa. También señaló que le llamaba la atención que la joven hubiera dejado de utilizar las redes sociales.
En el caso, intervinieron el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones esa jurisdicción y coordinador de la Fiscalía de Distrito de Corrientes, Carlos Schaefer, junto a la fiscal general subrogante Tamara Pourcel y la auxiliar fiscal del Área de Transición Nancy Vargas García, y los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. También participó el fiscal general Javier De Luca, a cargo de la Fiscalía N°4 ante la Cámara Federal de Casación Penal.
A partir de esos datos, los investigadores realizaron distintas consultas y detectaron la existencia de una causa iniciada en enero de 2023 en la que la imputada y su hija figuraban como damnificadas. Con el pretexto de citar a ambas en el marco de esas actuaciones, los efectivos convocaron a la mujer y a la adolescente, pero solo concurrió la madre. En esa oportunidad, manifestó que su hija vivía en la ciudad correntina de Mercedes con un «conocido suyo». Luego, se comunicó telefónicamente con el hombre que posteriormente sería imputado.
Posteriormente, la justicia entrerriana declinó competencia en favor del Juzgado Federal de Paso de los Libres, que delegó la investigación en la fiscalía de esa ciudad. En ese marco, por pedido de la Fiscalía Federal de Concordia —que había intervenido en la etapa inicial— personal de la Unidad de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional (UNIPROJUD) realizaron tareas de vigilancia a fin de dar con la adolescente y su supuesto explotador.
Así, tras verificar que la adolescente vivía en el lugar junto al hombre de 57 años, el 5 de octubre de 2024, el juzgado dispuso el allanamiento de la vivienda y la detención del imputado. Tres días después, apresaron a la madre de la joven.
El 7 de noviembre de 2024, el juez de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, los procesó con prisión preventiva como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación agravado por la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, el vínculo entre el imputado, la denunciada y la víctima, y por ser esta última menor de edad, y por haberse consumado la explotación. La defensa apeló la decisión, pero el 18 de junio de 2025 la Cámara Federal correntina la confirmó.
LA NUEVA DECISIÓN DE LA CÁMARA CORRENTINA
El 15 de octubre pasado, los camaristas correntinos Fermín Ceroleni y Mirta Sotelo dictaron un nuevo pronunciamiento en el que hicieron lugar al recurso del MPF, revocaron los sobreseimientos de los imputados y giraron las actuaciones al juzgado de origen para que continúe con la investigación.
En esa línea, consideraron que la decisión cuestionada «prescindió del examen sustancial del material probatorio por entenderlo comprendido en la nulidad entonces declarada» y que «no desarrolló una conclusión autónoma sobre la inexistencia del hecho que pudiera subsistir con independencia del pronunciamiento de nulidad posteriormente revocado».
Por ello, concluyeron que correspondía que la investigación prosiguiera y que se consideraran las pruebas omitidas, en línea con la decisión de la Cámara de Casación, «sin que subsista el impedimento que determinó el dictado del sobreseimiento».
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