La medida alcanza a la totalidad de los trabajadores de CARSA S.A., la firma vinculada a Musimundo. Además, el Nuevo Banco del Chaco transfirió $118.073.527,64 a una cuenta judicial en el marco del proceso de quiebra.
La situación de los trabajadores de Musimundo sumó nuevas definiciones judiciales tras la quiebra de CARSA S.A. El Juzgado Civil y Comercial Nº 23 de Resistencia resolvió que la empresa no continuará con su explotación y dispuso la extinción de la totalidad de los contratos de trabajo con efecto retroactivo al 2 de septiembre, fecha en que fue declarada la quiebra.
La decisión fue adoptada luego de que la sindicatura informara que no era posible sostener la actividad de la firma y solicitara la disolución de los vínculos laborales que todavía permanecían vigentes.
De esta manera, el pasa a tener una definición judicial de hecho, ya que CARSA no continuará operando y todos sus contratos laborales quedaron extinguidos.
En la misma resolución, el juez Fernando Luis Lavenas explicó que la medida también busca facilitar a los exempleados la realización de los trámites que les correspondan por el cese de la relación laboral, entre ellos el acceso al fondo de desempleo y las gestiones vinculadas con las obras sociales.
Además, el magistrado ordenó librar un oficio a la Jefatura Regional de ANSES en Resistencia para comunicar la medida y autorizó expresamente a los trabajadores a utilizar la resolución para efectuar trámites por desempleo, cese laboral y cobertura social.
Más de $118 millones fueron transferidos a la cuenta de la quiebra
Además, este lunes 14 de septiembre el Nuevo Banco del Chaco informó al mismo juzgado que depositó $118.073.527,64 pertenecientes a CARSA S.A. en una cuenta judicial abierta dentro del expediente de quiebra.
La transferencia se produjo a requerimiento de la sindicatura, que había solicitado que los fondos de CARSA ingresados en sus cuentas desde la apertura del concurso preventivo fueran derivados a la cuenta judicial de la quiebra. Esto implica que ese dinero quedó bajo control del proceso judicial y ya no puede ser administrado libremente por la firma.
Sin embargo, la documentación no establece que los $118 millones estén destinados específicamente al pago de indemnizaciones laborales, ni fija cuánto podría corresponder a cada trabajador o cuándo se efectuarían eventuales pagos. Por el momento, lo que consta en el expediente es la incorporación de esos fondos al patrimonio sometido al proceso de quiebra.
De la crisis al cierre definitivo
La resolución que extinguió los contratos laborales llegó después de varios meses de deterioro financiero y reducción de la estructura de CARSA S.A., compañía vinculada a la operación de Musimundo. El 17 de julio la empresa había ingresado en concurso preventivo con la intención de reordenar sus pasivos y evitar la quiebra, pero el proceso duró menos de dos meses.
El 26 de agosto, el directorio aprobó un plan de reducción que incluía el cierre de locales, luego de que tampoco prosperara una propuesta para transferir 45 sucursales. Finalmente, el 2 de septiembre, el Juzgado Civil y Comercial N°23 de Resistencia, a cargo del juez Fernando Luis Lavenas, decretó la quiebra de CARSA y dejó sin efecto el concurso preventivo.
El magistrado consideró que existían hechos reveladores de un estado de cesación de pagos y que ya no resultaba viable sostener el proceso concursal. Desde entonces, el expediente tramita como «CARSA S.A. s/ Quiebra», situación que posteriormente derivó en la decisión de no continuar con la explotación y extinguir todos los vínculos laborales desde la misma fecha de la quiebra.
La crisis también estuvo marcada por un elevado endeudamiento. Según el último registro disponible del Banco Central correspondiente a julio de 2026, CARSA acumulaba unos $2.242 millones de deuda con entidades financieras. Banco Nación aparecía como el principal acreedor, seguido por Banco Macro, Banco de Comercio y Nuevo Banco del Chaco.
En paralelo, trabajadores despedidos de Musimundo venían denunciando desde antes de la quiebra que la crisis era consecuencia de la administración de la compañía y de conflictos internos entre sus accionistas. En un comunicado difundido recientemente, sostuvieron que la reducción de personal se arrastraba desde 2017 y que el proceso se profundizó durante 2025 y 2026 hasta llegar a los últimos ceses registrados a fines de agosto.
Los exempleados también habían manifestado su preocupación por el pago de los salarios de agosto y de las indemnizaciones, y reclamaron la intervención del síndico y del juez para agilizar el proceso. Las acusaciones sobre responsabilidades gerenciales, disputas societarias y decisiones financieras corresponden a la versión expresada por los trabajadores y forman parte de sus cuestionamientos a la conducción de la empresa.
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