La Justicia Federal fijó para el próximo 1 de septiembre el inicio del juicio oral contra Emerenciano Sena y Marcela Acuña, acusados de presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con fondos públicos administrados a través de la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña.
El debate buscará determinar la responsabilidad de los exdirigentes sociales en un entramado financiero que, según la acusación, habría permitido desviar recursos estatales y luego introducirlos nuevamente en el circuito económico con apariencia de legalidad.
La causa avanzó luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmara los procesamientos de Sena y Acuña y rechazara los planteos de sus defensas. Posteriormente, el expediente fue elevado a juicio oral y ahora quedó establecida la fecha para el comienzo de las audiencias.
Más de $186 millones bajo la lupa
Uno de los principales ejes de la investigación es el funcionamiento de la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña , presidida por Sena y en la que Acuña se desempeñaba como tesorera. La entidad mantenía una estrecha relación económica con organismos del Estado chaqueño y registró un fuerte crecimiento de su facturación en los años previos a la investigación.
De acuerdo con el expediente, durante 2023 la fundación facturó más de $186 millones al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) . Un año antes había registrado operaciones por más de $35 millones con el Ministerio de Infraestructura y superiores a $15 millones con el IAFEP.
Las actuaciones judiciales también señalan que, solamente durante el primer semestre de 2023, las acreditaciones bancarias de la entidad superaron los $140,9 millones . Gran parte de esos fondos habría sido retirada en efectivo por el propio Sena, una modalidad que, según los investigadores, dificultó reconstruir el destino final del dinero.
Las pericias contables detectaron además importantes variaciones en distintos rubros de los balances. Entre ellas aparecen incrementos superiores al 450% en gastos vinculados con mano de obra y materiales, mientras que las partidas correspondientes a personal de salud crecieron alrededor de un 477%, sin documentación suficiente que respaldara esas erogaciones ni empleados registrados que permitieran justificarlas.
Las 40 viviendas que nunca se construyeron
Otro de los puntos centrales del juicio estará relacionado con fondos entregados para programas habitacionales. Según la acusación, la fundación recibió anticipos destinados a la construcción de 40 viviendas sociales , pero las inspecciones determinaron que las obras no habían comenzado.
La investigación detectó además un faltante superior a los $62 millones en las cuentas de la organización, uno de los elementos incorporados al expediente para sostener la hipótesis de un posible desvío de recursos públicos.
A partir del 1 de septiembre, el Tribunal deberá analizar las pruebas reunidas y determinar si Sena y Acuña participaron de las maniobras de lavado de activos que les atribuye la Fiscalía. El proceso federal abrirá así un nuevo frente judicial para ambos, luego de haber sido condenados a prisión perpetua por su participación en el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
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