Las principales cámaras del sector advirtieron que la desregulación no reducirá el precio de los libros y pondrá en riesgo a las librerías independientes, las editoriales pequeñas y la diversidad de publicaciones.
Las principales entidades que integran la cadena del libro expresaron un rechazo conjunto al proyecto del Gobierno nacional que busca derogar la Ley 25.542, vigente desde 2001, que establece el precio único de venta al público para los libros en todo el país. Aseguran que la iniciativa no reducirá los precios y que podría afectar la diversidad editorial y la supervivencia de las librerías independientes.
La propuesta, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pretende eliminar la obligación de vender cada título al mismo precio en todos los comercios. De aprobarse, cada librería podría fijar libremente sus valores y aplicar descuentos sin las restricciones previstas en la legislación actual.
Desde el Gobierno sostienen que la medida favorecerá la competencia, permitirá liquidar stocks con mayor facilidad y derivará en libros más accesibles para los lectores.
Sin embargo, las entidades del sector afirmaron que la iniciativa fue presentada sin el respaldo de autores, editores, distribuidores ni libreros. En una declaración conjunta, advirtieron que la eliminación del precio único pondría en riesgo el equilibrio de toda la cadena editorial.
Las organizaciones remarcaron que la ley no fija el precio de los libros, sino que obliga a respetar el valor definido por el editor o el importador en todos los puntos de venta. Según explicaron, el objetivo es impedir que grandes cadenas comerciales o plataformas utilicen los libros como un «producto gancho» mediante descuentos agresivos que terminen desplazando a las librerías más pequeñas.
También destacaron que sistemas similares funcionan desde hace años en países como Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur.
En su pronunciamiento, las entidades sostuvieron que la red de librerías resulta clave para garantizar la existencia de cientos de editoriales pequeñas y medianas, que son las que impulsan la publicación de nuevos autores y títulos de menor circulación.
Como antecedentes internacionales, citaron el caso del Reino Unido, donde tras la eliminación del Net Book Agreement en 1995 los precios de los libros aumentaron por encima de la inflación. También mencionaron a Australia, donde aseguraron que el fin del acuerdo de precio fijo provocó una fuerte reducción en la cantidad de librerías durante la década siguiente.
«Cuando el canal librero se debilita, la pérdida se reparte entre todos: los lectores pierden espacios de referencia, las ciudades resignan parte de su vida cultural, las editoriales reducen sus posibilidades de difusión y los nuevos autores encuentran menos oportunidades para publicar», señalaron.
La declaración fue suscripta por la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines, la Cámara Argentina de Librerías Independientes, CAPLA, CADRA, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), la Unión Argentina de Escritoras y Escritores, PEN Argentina, SEA, ALIJA, ARGRA, la Carrera de Edición de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro de la UNSAM, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y otras organizaciones vinculadas al sector.
El documento concluye con un rechazo a la derogación de la Ley 25.542 y a las modificaciones propuestas sobre la Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura, al considerar que «una red de librerías, y la vida cultural que se desarrolla en torno a ellas, puede tardar décadas en construirse y muy poco tiempo en desaparecer».
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