La iniciativa del oficialismo deroga el tope del 15% para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Además, modifica el régimen de expropiaciones, agiliza los desalojos y cambia aspectos de la Ley de Manejo del Fuego.
El Senado sesionará este jueves para debatir el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el oficialismo que propone cambios de fondo en el régimen de tierras rurales, las expropiaciones, los desalojos y el manejo de superficies afectadas por incendios. La agenda también incluye el tratamiento de 36 pliegos judiciales.
La propuesta despertó un fuerte enfrentamiento político. Mientras el Gobierno sostiene que busca fortalecer el derecho de propiedad y brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones, la oposición y organizaciones sociales y ambientales advierten que la reforma debilita los mecanismos de protección sobre recursos estratégicos y favorece la concentración de tierras.
Uno de los puntos más debatidos elimina los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La legislación actual establece que esas adquisiciones no pueden superar el 15% de la superficie rural del país, restricción que desaparecería si el proyecto es aprobado. Según sus detractores, esto podría facilitar la adquisición de campos ubicados en zonas de alto valor productivo, hídrico o fronterizo.
La iniciativa también modifica el régimen de expropiaciones al restringir el alcance del concepto de utilidad pública y elevar las compensaciones económicas, cambios que, según especialistas críticos de la norma, podrían dificultar futuras intervenciones del Estado sobre bienes considerados estratégicos.
Otro de los ejes incorpora un mecanismo de restitución anticipada de inmuebles, que permitiría acelerar los desalojos antes de que exista una sentencia definitiva en determinados procesos judiciales.
Además, el proyecto introduce modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego al eliminar las restricciones que actualmente impiden cambiar el uso de tierras afectadas por incendios. Organizaciones ambientalistas sostienen que esta reforma podría incentivar desarrollos inmobiliarios o emprendimientos privados sobre superficies incendiadas, mientras que el oficialismo argumenta que busca eliminar trabas que afectan el desarrollo productivo.
Desde Unión por la Patria adelantaron que intentarán bloquear la iniciativa por considerar que pone en riesgo la soberanía sobre los recursos naturales y favorece la extranjerización de la tierra. El oficialismo, en cambio, confía en alcanzar los votos necesarios con el respaldo de bloques dialoguistas y provinciales para darle media sanción.
También se tratarán 36 pliegos judiciales
La sesión incluirá además el análisis de 36 pliegos para cargos judiciales. Entre ellos sobresale el del camarista laboral Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien requiere un nuevo acuerdo del Senado para continuar cinco años más en funciones tras haber alcanzado los 75 años, tal como establece la Constitución.
Pesino adquirió notoriedad en los últimos meses por integrar el tribunal que revocó la medida cautelar que había suspendido parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.
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