A medio siglo del golpe de Estado, un informe actualizado del Ministerio Público Fiscal muestra el estado de las causas por crímenes de lesa humanidad y expone un dato clave: la mayoría de los detenidos cumple la pena en sus domicilios.
A 50 años del golpe de Estado de 1976, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad reportó 361 sentencias que derivaron en 1.231 condenas por delitos de lesa humanidad en todo el país.
El relevamiento también marca un punto de inflexión: 2026 presenta la mayor distancia entre personas privadas de libertad e imputados en libertad desde que se sistematizan estos datos. Actualmente hay 504 detenidos frente a 1.582 imputados sin prisión, lo que consolida una tendencia sostenida de reducción de detenciones en la última década.
Dentro de ese universo, el régimen de cumplimiento de las penas es uno de los aspectos más sensibles. De los detenidos, 425 accedieron al beneficio de la prisión domiciliaria, lo que equivale al 84% del total.
El mapa judicial incluye a 3.897 personas investigadas en los últimos veinte años. De ese total, además de los condenados, se registran 250 absoluciones, 292 procesados y 1.257 fallecidos, una cifra que supera incluso a la de quienes recibieron condena. También hay 102 sobreseídos y 172 personas con falta de mérito.
En cuanto al estado de las causas, actualmente hay 12 juicios en curso y 282 expedientes en etapa de instrucción. A esto se suman 517 imputados que aún no fueron indagados y 76 personas cuya situación procesal se definirá en el corto plazo.
El informe también da cuenta de 33 prófugos que siguen siendo buscados por la Justicia en distintas causas vinculadas a delitos cometidos durante la dictadura.
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