Investigadores federales detectaron maniobras de lavado por más de $120 millones, uso de sistemas informales de transferencias y sociedades de fachada. Son 13 los acusados, con prisión preventiva confirmada y el liderazgo atribuido a Guillermo Rafael Boscán Bracho.
A poco más de 30 kilómetros de la capital correntina, en un campo de San Luis del Palmar y en la zona de Santa Ana, la Justicia federal desarticuló lo que se sospecha fue una célula local vinculada al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional originada en Venezuela y catalogada por agencias internacionales como una red dedicada al narcotráfico, lavado de activos, extorsión, trata de personas y financiamiento de actividades del crimen organizado.
La investigación se inició en 2023 tras una detención clave y permitió reconstruir cómo este grupo habría operado en Argentina con estructuras paralelas e interconectadas, realizando maniobras financieras ilícitas con alcance internacional.
La causa cobró impulso el 2 de octubre de 2023, cuando efectivos de Interpol detuvieron en la Ruta Provincial 43, que une Corrientes con Santa Ana, a Guillermo Rafael Boscán Bracho, uno de los presuntos líderes de la célula. El arresto se produjo en el marco de una redada tras investigaciones prolongadas sobre movimientos de dinero y vínculos con la organización venezolana.
Ese operativo fue la punta del ovillo: a partir de allí, fiscales especializados y fuerzas de seguridad ampliaron la pesquisa, lo que permitió identificar un entramado que, según la Justicia, lavaba activos y canalizaba recursos al exterior en beneficio del Tren de Aragua.
¿Qué es el Tren de Aragua?
El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional surgida en Venezuela, con origen carcelario en el penal de Tocorón, que se expandió por varios países de América Latina.
Las investigaciones judiciales y de seguridad le atribuyen un amplio abanico de delitos: trata y tráfico de personas, especialmente de migrantes; explotación sexual, extorsiones, secuestros, narcotráfico, homicidios y lavado de activos, además de la conformación de redes financieras ilegales para movilizar dinero dentro y fuera de fronteras. Su estructura flexible, basada en células autónomas conectadas entre sí, le permitió operar en distintos territorios manteniendo baja visibilidad y alta capacidad logística.
El pasado 16 de marzo, unos 238 presuntos miembros de la organización criminal fueron detenidos y trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.
La resolución judicial: procesamientos confirmados y prisión preventiva
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, a través de los jueces Ramón Luis González y Mirtha Sotelo de Andreau, confirmó los procesamientos con prisión preventiva de 13 personas imputadas en la causa. De ellas: 11 son venezolanos, una es colombiana, y uno es argentino.
Los cargos por los que ahora están a un paso de ser llevados a juicio son lavado de activos y financiamiento del terrorismo, imputaciones que habían sido inicialmente dictadas por el Juzgado Federal N.º 1 de Corrientes, subrogado por el juez Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda.
El magistrado había dispuesto también embargos por un millón de pesos sobre los bienes de cada imputado, medida que fue ratificada por la Cámara.
¿Quiénes son y cómo operaban?
La Justicia distingue dos grupos dentro de los procesados:
Procesados por lavado de activos y financiamiento del terrorismo
- Guillermo Rafael Boscán Bracho (principal imputado)
- Emmanuel David Urdaneta Bracho
- Alexander José Bohorquez Parra
- Diego Andrés Bohorquez Carroz
- Enyerberth Yordanis Camargo Espina
- José Antonio Lanz Guevara
- María Alexandra Bohorquez Carroz
- Adaly María Contrera Domínguez
- Mayibell Coromoto Domínguez Contreras
Procesados solo por lavado de activos
- Marilen del Valle Carroz González
- Maikely Teresa Domínguez Contreras
- Freider José Domínguez Contreras
- Diego Eduardo Abulafia
Aunque inicialmente todos estaban imputados también por asociación ilícita en la modalidad de «organización criminal», la Cámara declaró la nulidad parcial de ese tramo del procesamiento.
Según el expediente, desde al menos 2019 estos imputados habrían integrado una estructura criminal organizada en al menos dos células, supuestamente lideradas por Boscán Bracho incluso desde prisión, y dedicadas a operaciones financieras complejas, sin respaldo de ingresos lícitos.
El modus operandi
El fallo de la Cámara detalla una serie de maniobras de blanqueo y movilización de dinero sin transparencia: Sistema de transferencias informales tipo hawala operando con fachada comercial («Giro Activo») en Colegiales, CABA. Ingreso de divisas mediante «correos humanos» y fraccionamiento de remesas. Constitución de sociedades pantalla para explotación de locales comerciales y transferencias circulares entre integrantes para dificultar la trazabilidad de fondos.
La estimación judicial valora operaciones cuyo volumen supera los 120 millones de pesos, además de vínculos con estructuras financieras subterráneas. El tribunal consideró que parte de esos fondos habrían sido destinados a sostener actividades del Tren de Aragua fuera del país.
La valoración de la prueba incluyó informes de agencias como FBI y Oficina de Investigaciones Criminales de EE. UU., análisis de PROCELAC, informes de la Policía Federal Argentina, levantamiento de secretos bancario y fiscal, intervenciones telefónicas, vigilancia de cuevas financieras, registros migratorios y documentación secuestrada en allanamientos del 28 de mayo de 2025 (efectivo, dispositivos, papeles inmobiliarios y pasaporte apócrifo).
La investigación también identificó domicilios base de acción en Santa Ana (Corrientes), Canning (Ezeiza) y Gonnet (La Plata), con coordinación entre ellos.
Origen de la causa: la «Banda del Yiyi»
La causa se originó con la detención de Boscán Bracho el 2 de octubre de 2023, en la Ruta 43 de Corrientes. El venezolano, al frente de la denominada «Banda del Yiyi», presunta célula vinculada al Tren de Aragua, tenía pedido de captura internacional.
Había ingresado al país desde Colombia en junio de 2019 con una identidad falsa y vivía en un barrio privado de Corrientes. Actualmente permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza bajo régimen de alto riesgo.
Los otros 12 acusados fueron arrestados en allanamientos masivos del 28 de mayo de 2025 en domicilios de CABA, Ezeiza, La Plata y Corrientes.
La justicia de Venezuela reclama la extradición de Boscán Bracho por delitos graves, que van desde extorsión, asociación para delinquir y homicidio calificado, hasta terrorismo, tráfico de armas y obstrucción de la libertad de comercio.
