La norma aprobada por el Congreso tenía como objetivo declarar por un año la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en residencias nacionales en salud, para garantizar acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a servicios pediátricos, incluyendo atención de alta complejidad en todo el país.
En medio de lo que muchos describen como una situación crítica para el sistema de salud pediátrico, el gobierno nacional de Javier Milei optó por vetar en su totalidad la Ley de Emergencia Sanitaria de Salud Pediátrica (proyecto de ley N° 27.796), sancionada por el Congreso el 22 de agosto. El Decreto 651/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial ratifica esta decisión.
La norma tenía como objetivo declarar por un año la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en residencias nacionales en salud, para garantizar acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a servicios pediátricos, incluyendo atención de alta complejidad en todo el país.
Por otro lado, la ley permitía fortalecer las residencias médicas, asegurar condiciones laborales y retribución digna para profesionales de la salud (asistencial y no asistencial, incluidos residentes), con criterios críticos de responsabilidad; además de asignar recursos prioritarios para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas, personal esencial, etc.
La ley además eximía del Impuesto a las Ganancias al personal de salud que haga guardias, horas extras o actividades críticas y declaraba al Hospital Garrahan como hospital de referencia nacional en alta complejidad, garantizando su funcionamiento pleno dentro del marco de la emergencia.
Argumentos del gobierno para vetar la ley
El Ejecutivo fundamentó su veto en varios puntos. Uno de los más relevantes tiene que ver con la supuesta falta de financiamiento genuino, ya que el veto sostiene que la ley no especifica fuentes de financiamiento claras para cubrir los gastos que generaría su puesta en marcha.
Además, la ley, según la Casa Rosada, tiene mandatos abiertos, definiciones poco precisas y términos como “funciones críticas” sin delimitar quiénes serían los beneficiarios, lo que generaría incertidumbre en su aplicación.
En ese contexto, el gobierno advierte en el veto que establecer una recomposición salarial focalizada en salud pediátrica (asistencial y no asistencial) podría generar inequidades dentro del sistema, al dejar de lado al resto del personal de salud con funciones también críticas.
Además está la cuestión del impacto fiscal, ya que la exención del impuesto a las ganancias para parte del personal implicaría una merma significativa en los ingresos del Tesoro (más de $115.000 millones de pesos estimados).
Para el gobierno, la obligación de reasignar partidas dentro del Ministerio de Salud o usar reservas para contingencias sanitarias podría afectar programas vigentes, comprometer prestaciones esenciales, desfinanciar otros servicios sanitarios.
En ese sentido, el gobierno insiste en que no puede comprometer el gasto público más allá de lo que los ingresos permiten, bajo riesgo de agravar la inflación, deterioro económico y menor capacidad del Estado para sostener políticas públicas.
También se argumenta que el Congreso debería contemplar estos gastos adicionales en el presupuesto nacional, en lugar de aprobar leyes que obligan gastos no presupuestados.
El conflicto con el Hospital Garrahan
El veto ocurre en un escenario ya muy tensionado entre el gobierno y el Hospital Garrahan, que funciona como epicentro del conflicto de la salud pública pediátrica.
El financiamiento federal del Garrahan está congelado desde diciembre de 2024, según distintas fuentes, lo que ha generado protestas, movilizaciones y reclamos crecientes del personal. Médicos, residentes y otro personal denuncian que sus sueldos perdieron valor real desde diciembre de 2023, en buena parte por la inflación.
Uno de los focos principales del conflicto lo constituyen los residentes: extensas jornadas, condiciones laborales exigentes, reclamos por inclusión de mejoras salariales, modificación de la relación laboral/beca, etc.
El gobierno acusa a ciertos partidos de oposición, gremios y movimientos sociales de usar al Garrahan para fines políticos. Por su parte, los médicos y trabajadores denuncian indiferencia, falta de respuestas concretas y promesas incumplidas.
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