El juez Gustavo Pérez Urrechu ordenó a prisión preventiva para los trece oficiales involucrados y para tres de los cuatro civiles.
Después de tres extensas jornadas de debate en el Centro de Justicia Penal, este jueves por la tarde terminó la audiencia en la que fueron imputados trece policías de Rosario “entre ellos, altos mandos de la Unidad Regional II” y cuatro civiles relacionados con una estación de servicio. Todos están acusados del millonario desvío de fondos que estaban destinados a la carga de combustible de patrulleros.
El juez provincial Gustavo Pérez Urrechu ordenó la prisión preventiva efectiva para todos por seis meses, a excepción de una empleada administrativa del predio donde se expende la nafta, que quedó en libertad. En el transcurso de los tres días, el fiscal José Luis Caterina explicó que las maniobras para desviar el dinero se hicieron de dos formas: una, por sobrefacturación del combustible cargado en los móviles policiales; la otra, por cargas ficticias o “fantasmas”. Se presume que en los diez meses que tiene la investigación se generó un perjuicio de al menos 45 millones de pesos mensuales a las arcas provinciales.
Los policías que quedaron detenidos son Juan Pablo Pigozzi, a cargo de la Brigada de Orden Urbano, el comisario Gerardo Ramírez, titular de Garaje y distribución de combustible en la Unidad Regional II, el comisario Rodrigo Domínguez, jefe de la Secretaría Privada de la Unidad Regional II, el comisario Fabián Fantín y el inspector Mario Brest, jefe y subjefe de la Sección Perros y Caballería respectivamente. Los otros agentes encarcelados, pero de menor rango, son Javier Arce de Infantería, el subinspector Fernando Ceballos del Grupo Táctico Multipropósito.
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