Se les acusa de administración fraudulenta de los fondos del programa Potenciar Trabajo. El llamado a indagatoria incluye a otros referentes del Polo Obrero.
El juez federal Sebastián Casanello citó a Eduardo Belliboni a una declaración indagatoria para el 26 de junio, junto a una larga lista de líderes sociales.Se les acusa de administración fraudulenta de los fondos del programa Potenciar Trabajo.
La Justicia sospecha que utilizaban el programa de ayuda social “con fines políticos-partidarios a través de sumar militancia y fondos a sus agrupaciones”.
Las cifras bajo investigación son extremadamente altas. Las organizaciones piqueteras gestionan mensualmente grandes sumas de dinero provenientes del Estado nacional. Dos de los grupos involucrados en la posible extorsión y desvío de fondos recibieron cerca de 600 millones de pesos durante el gobierno de Alberto Fernández para administrar las partidas del programa Potenciar Trabajo. Uno de estos grupos está vinculado a Belliboni.
“Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas “Asociación Polo Obrero” y “Cooperativa El Resplandor Ltda.”, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo”, señaló el juez Sebastián Casanello en el llamado a indagatoria. El llamado a indagatoria incluye a otros referentes del Polo Obrero.
Para el magistrado se trató de montos significativos “que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado”, y agregó que “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”.
Para los investigadores, el rol de los intermediarios para otorgar planes como el Potenciar Trabajo representó “un abuso de poder, un posible desvío de fondos”. La imputación sostiene que las organizaciones sociales “sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social, cobrarles la entrega de alimentos que debían ser gratuitos y/o forzarlos a participar de marchas bajo la amenaza expresa de dar de baja el plan en caso de no hacerlo”.
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