El proyecto del Frente Chaqueño delimita criterios y haberes de los empleados que se acojan al retiro. Los cargos que queden vacantes serán objetos de diversas interpretaciones ya que podrán ser cubiertos por “razones funcionales”. A dos meses del cambio de Gobierno hay alerta en la oposición.
A poco más de dos meses de que asuman los diputados electos y en consecuencia cambie la composición de la Cámara de Diputados, que contará con mayoría de Juntos por el Cambio, a la Legislatura ingresó un proyecto de Ley impulsado por el oficialismo saliente que establece un Sistema de Retiro Voluntario Móvil para empleados públicos.
El proyecto recientemente presentado aún no fue abordado por la comisión de Hacienda y Presupuesto y ya puso en alerta a la oposición (oficialismo desde el 10 de diciembre). La iniciativa, con la cuenta regresiva para el cambio de Gobierno suspirando, propone cambios en la planta permanente del Estado, invitando a agentes a acogerse al retiro voluntario y dejando cargos vacantes que podrían derivar en nuevas designaciones.
Si bien el artículo 11 indica que los agentes retirados quedarán automáticamente desvinculados del Estado Provincial y que los cargos que queden vacantes serán automáticamente eliminados, hay excepciones por “razones funcionales” que deberán estar “debidamente acreditados”.
Al no delinear criterios respecto a las excepciones, las mismas estarán sujetas a diversas excepciones que pueden hacer que gran parte de los cargos vacantes finalmente sean cubiertos. De hecho, previo a su eliminación, la Ley promueve que se evalúe “la necesidad de la continuidad de los servicios que desde los mismos se presten, debiendo procederse a cubrir en forma inmediata aquellos que tengan como destinatarios a grupos socialmente vulnerables”.
La sesión legislativa de este miércoles podría ser el puntapié inicial para que Nicolás Slimel y Mariela Quiroz, legisladores del Frente Chaqueño, hagan una presentación formal de la iniciativa. También la oportunidad de que los legisladores de JxC se posicionen al respecto.
¿QUÉ DICE EL PROYECTO?
Para acceder al Retiro Voluntario Móvil, los trabajadores activos, a excepción de los escalafones educación y seguridad, deberán ser parte de la planta permanente del Estado y tener un mínimo de aportes en el INSSSEP.
El pago mensual de quien se acoja al retiro cesará con su jubilación, renuncia o su fallecimiento y se determinará conforme a la edad del agente y a sus años de aporte jubilatorio al INSSSEP.
Una vez iniciado el trámite, el Estado realizará una preliquidación por la que el empleado público conocerá cuáles serán sus haberes y conforme a ello tendrá 5 días hábiles para desistir del retiro. La iniciativa impulsada por los legisladores del oficialismo saliente, Slimel y Quiroz, aclara que la base de cálculo será sobre la última remuneración percibida y teniendo en cuenta los adicionales particulares.
Los beneficiarios de este régimen percibirán también el Sueldo Anual Complementario, que se liquidará de igual modo y forma que el del personal en actividad, respetando el porcentaje prescripto por esta ley. Asimismo, tendrán derecho a la percepción de las asignaciones familiares que por ley correspondan.
Aclara el proyecto que los empleados que se acojan a este sistema deberán seguir efectuando los aportes jubilatorios a INSSSEP sobre el total de sus haberes brutos que percibía al momento de su acogimiento hasta alcanzar su jubilación de acuerdo con las normas legales vigentes.
De ser aprobada, la Ley tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, se invita que el Poder Legislativo y Judicial adhiera.
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